La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya negó las peticiones de Nicaragua de expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, según un veredicto dictado el jueves por los jueces del máximo tribunal.
«Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia. La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia, Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida», dijo la jueza Joan Donoghue, presidenta de la Corte Internacional de Justicia.
Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son inapelables.
Nicaragua había pedido a La Haya delimitar su plataforma continental en el mar Caribe, pero el tribunal determinó con 13 votos a favor y 4 en contra de que la solicitud de Managua era ambiciosa.
El proceso involucra el control sobre una zona de 75.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe utilizada actualmente para pesca artesanal e industrial. El área también incluye tramos de una reserva marina avalada por la UNESCO.
El presidente de Colombia Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que es «una gran victoria» para su país.
«Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago», escribió el mandatario.
Álvaro Leyva Durán, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, celebró el fallo favorable a la nación sudamericana: «Gozo el triunfo de mi patria. Llamo a la unión de todos los colombianos. Atrás los odios, las desesperanzas, las luchas sin sentido».
Nicaragua: Corte mantuvo las 200 millas del fallo de 2012
Las nuevas fronteras marítimas aumentaron la plataforma continental y la zona de exclusión económica de Nicaragua en el Caribe, dándole acceso a los depósitos submarinos de petróleo y gas, así como a los derechos de pesca en esas aguas.
La CIJ había dictaminado en abril del año pasado que Colombia debía «cesar de inmediato» los patrullajes y sus intentos por controlar la pesca en áreas del Caribe que, según el tribunal, están dentro de la zona económica exclusiva de Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua reconoció el jueves la sentencia de la Corte Internacional sobre un conflicto territorial con Colombia en aguas del Caribe como «firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento».
En una nota de prensa oficial, Managua dijo que respetaría la decisión “del más alto Tribunal de Justicia”, aunque llamó a Colombia a que reconozca “el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia dictada en 2012”.
En dicha sentencia se delimitaba la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base de las costas nicaragüenses y Colombia se rehusó a cumplir dicha sentencia.
Opositores catalogaron de «fracaso» la política exterior de Nicaragua.
«Los fallos pasados habían balanceado posiciones de ambas partes. En este caso no le dieron a Nicaragua nada, lo que refleja lo débil de los argumentos», dijo en Twitter el ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro.
Conflicto de vieja data y los argumentos de las partes
El fallo aclara un conflicto de larga data entre Colombia y Nicaragua. En 2001, Nicaragua realizó la primera de tres demandas ante La Haya para reclamar la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Nicaragua quería el control sobre el archipiélago interpuso una demanda ante la Corte con la pretensión de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, ampliándola en 150 millas náuticas adicionales de suelo y subsuelo marino.
Colombia por su lado ha sostenido argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando que el reclamo nicaragüense no tiene ningún fundamento. En ese sentido las autoridades colombiana han insistido en que tiene la “plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”.
Los colombianos también han centrado sus argumentos en defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad raizal y ha reiterado en múltiples ocasiones que el caso trata sobre los derechos y libertades colombianas en el área. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA)
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