El gobierno de Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con la Plataforma Unitaria de la oposición para revisar las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra varios posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2024, horas antes de que venciera el plazo dado por el gobierno de Estados Unidos para definir ese proceso y liberar a estadounidenses y presos políticos.
El acuerdo, llamado “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación”, fue divulgado el jueves por la embajada de Noruega en México, e indica que cada persona inhabilitada deberá acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contencioso administrativo contra la medida.
El recurso se podrá ejercer, en días “continuos y sucesivos”, entre el 1 y el 15 de diciembre de 2023.
“La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado», conforme a los principios de la Constitución, precisa un documento divulgado por la embajada de Noruega, facilitador en el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición.
El acuerdo precisa que los interesados deben asumir el compromiso de “acatar” la decisión del TSJ que emane de ese recurso.
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados el mes pasado, EEUU manifestó su expectativa de que Venezuela definiera “un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos” antes del fin de noviembre.
EEUU emitió licencias generales autorizando temporalmente algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados en la hoja de ruta electoral y relativos a los presos políticos”.
Sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y otros líderes opositores pesan inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos que la oposición considera “ilegales” y que les impedirían formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno aseguró que se dio “un paso más en la dirección correcta, ratificando” los acuerdos de Barbados, para “hacer respetar las decisiones de las instituciones, del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela”.
Gerardo Blyde, coordinador de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria afirmó que el acuerdo firmado en Barab dos determinó que debía establecerse una vía que permita habilitar candidatos presidenciales con “celeridad”.
Además, Blyde recordó que existe un precedente de amparo cautelar, el caso del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien en 2017 fue habilitado por el TSJ.
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Más temprano este jueves la administración del presidente Joe Biden había manifestado que se mantenía atenta a la decisión del gobierno de Venezuela respecto a la definición de un proceso orientado a levantar inhabilitaciones políticas y la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos “detenidos injustamente”.
El diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, sin embargo, dijo el miércoles en televisión nacional que el chavismo no consideraba el levantamiento de inhabilitaciones.
Distintos sectores de la sociedad civil han afirmado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
También han denunciado ausencia de separación de poderes y han señalado al Poder Judicial de carecer de independencia e imparcialidad.
