Organizaciones independientes afirman que en Venezuela existe una complicidad entre los órganos policiales y judiciales para ocultar o desconocer las torturas y otros abusos que sufren las personas arrestadas y juzgadas.
Un informe de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad, revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a “torturas”.
Ana Leonor Acosta, abogada y directora de la Coalición, asegura que en el país se ha “institucionalizado la tortura” y que existe una evidente complicidad de jueces y fiscales.
“Nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando, delante de los jueces, delante del Ministerio Público y, en la mayoría de los casos, no hay ningún tipo de acción, y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones, por eso nosotros estamos hablando de la indiferencia de los funcionarios públicos”, dijo al presentar el informe.
Acosta sostuvo que, según la mayoría de las víctimas entrevistadas, los patrones de tortura incluyen golpizas, posturas en tensión (estar atado a una silla durante varios días), suspensión, uso de descargas eléctricas, ahogamiento, arrastre y abuso sexual.
“La víctima, delante del juez, hace la denuncia con respecto a los actos de tortura y la mayoría de las veces no quedan reflejadas en las actas. De ninguna manera se protege a las víctimas y de ninguna manera se persigue o investiga”, aseguró.
Según la abogada, el 80% los presos políticos torturados desde 2017 son hombres y el 20% mujeres.
María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos y miembro de la ONG, advirtió que no hay respuesta de las instituciones ante los casos de tortura que son denunciadas.
“Hay personas con patologías de salud preexistentes a las aprehensiones y no han podido ser atendidas. Hay casos en los cuales hay más de 17 solicitudes de traslados médicos y no han sido tomadas en cuenta, e incluso en caso en el que los jueces han solicitado los traslados no han sido acatados”, subrayó.
Poleo exhortó a las instituciones a garantizar los derechos de los privados de libertad, entre ellos el acceso a la alimentación.
“Hay centros penitenciarios en los que solamente reciben una arepa y frijoles chinos en la mañana, al mediodía y en la tarde, y en muchos casos esta comida que les es suministrada está en estado de descomposición. Esta es una forma de tortura psicológica hacia los privados de libertad, la denegación de atención medica es una forma de tortura”, alertó.
Denuncias de represión
En 2021, un informe del Instituto Casla expuso que en Venezuela se evidenciaron nuevos patrones de represión y centros clandestinos de torturas, así como la “responsabilidad” del Gobierno de Cuba en la “inducción y comisión de crímenes de lesa humanidad” en territorio venezolano”.
En noviembre pasado, la fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Recientemente, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de “reformas” en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran “el hecho de que en Venezuela no hay tribunales imparciales ni independientes”.
En diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Con Información de la Voz de América (VOA) – #SNNV #17Feb #VenprensaInforma
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