Por unanimidad, los diputados aprobaron la ley que deroga la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, el tratado que sustenta la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta decisión abre el camino para que el Ejecutivo formalice la salida del país del organismo internacional encargado de investigar crímenes de lesa humanidad.
La medida llega en un momento clave: apenas días después de que la Fiscalía de la CPI anunciara el cierre de su oficina técnica en Caracas, argumentando “falta de progreso real” por parte del Estado venezolano en materia de justicia y complementariedad.
El Parlamento también avanzó en otras decisiones relevantes, como la reforma parcial de la ley que rige la función policial de investigación y la aprobación del presupuesto operativo del Banco Central de Venezuela para 2026, que supera los 35 mil millones de bolívares, además del presupuesto parlamentario para el mismo período.
Con estos movimientos, el Legislativo cierra el año con una agenda cargada y una próxima sesión extraordinaria convocada para el 16 de diciembre.
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