El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, instaló el lunes una oficina que tendrá funciones de cooperación técnica, como acordó el año pasado con el gobierno venezolano.
“No es una oficina secreta, yo no trabajo de manera ilegal o de manera clandestina. Estamos abriendo una oficina con el apoyo de Venezuela”, dijo Khan el lunes durante una reunión en el Parlamento de mayoría oficialista en la que también participó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Saab aseguró que la oficina tendrá funciones de asesoría técnica, capacitación y formación de fiscales y jueces venezolanos, y aseguró que la visita del fiscal despeja “propagandas estigmatizantes” en relación al compromiso de Venezuela en materia de DDHH.
La CPI precisó el martes que, de acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina buscan “apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional” y “aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la fiscalía”.
Khan, que completó su cuarta visita Venezuela desde que asumió el cargo en 2021, se reunió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios de su gobierno.
En 2023, durante su tercera visita a Venezuela, Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, lo que se había acordado en 2022.
“No viene a investigar”
Ali Daniels, abogado y co director de Acceso a la Justicia, una ONG dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial en Venezuela, aclaró que la oficina no tiene potestad de investigación y que se limita actividades de cooperación técnica.
“Esta oficina se va a limitar únicamente a lo que es asistencia técnica al gobierno venezolano, es decir, mejores prácticas, asesoría en temas legislativos, etc. No viene a investigar casos, la investigación se realiza desde La Haya”, precisó.
Daniels lamentó la “ausencia de una política comunicacional” durante la visita del fiscal, pues no hubo declaraciones a la prensa.
“Pedimos a la fiscalía de la CPI que tenga una política informativa más transparente, más abierta y que mantenga su comunicación con las víctimas en los mejores términos”, dijo.
A inicios de marzo la Sala de Apelaciones de CPI desestimó, por unanimidad, la apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó continuar con la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.
El año pasado el gobierno del presidente Nicolás Maduro apeló la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizó Khan reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
El gobierno de Maduro ha asegurado que se busca “instrumentalizar” los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los presuntos crímenes de lesa humanidad “nunca han ocurrido”. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) #SNNV – #23Abr #VenprensaInforma
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