La Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó autorizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano, por presuntos delitos de lesa humanidad.
Los jueces de la CPI argumentaron que “una respuesta debe limitarse a las nuevas cuestiones planteadas” y recuerda que “solo se puede evaluar la pertinencia de otorgar cualquier permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas”.
“Venezuela se limita a señalar que el informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema judicial interno venezolano”, resalta la decisión publicada el lunes.
“Esta presentación, en sí misma, no es lo suficientemente precisa como para permitirle a la Sala determinar la procedencia de conceder una autorización para responder. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está pensada para el tipo de presentaciones exhaustivas que Venezuela desea proporcionar”
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La Sala subrayó que el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), publicado el mes pasado, transmite opiniones y preocupaciones de «potenciales víctimas» y que en la fase actual «ninguna víctima ha sido admitida a participar en el procedimiento», por lo que el nivel de respuesta de Venezuela «no se justifica».
Además, precisa que no considera necesario recibir presentaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en el procedimiento y anunció que ahora procederá con su análisis y decisión sobre la solicitud de reanudación de la investigación que deberá hacerse pública en las próximas semanas.
El informe de la VPRS, que presentó detalles suministrados por las víctimas sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país, reveló que víctimas apoyan “abrumadoramente” la reanudación de la investigación por parte de la fiscalía de la CPI sobre el Estado venezolano.
Según las víctimas, el gobierno de Maduro “no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente” los crímenes cometidos en el país “con total impunidad” por parte de las autoridades del Estado.
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El Estado venezolano celebró el hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares haya expuesto que el informe de la VPRS sólo recoge las opiniones de «víctimas potenciales«, lo que, para el gobierno, hasta el momento determina expresamente que «no existe ninguna víctima reconocida como tal por la CPI”.
A través de un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Maduro reiteró que algunas organizaciones y “víctimas potenciales”, podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la CPI en un “arma política contra la institucionalidad en Venezuela”.
En el comunicado el gobierno insistió en que en Venezuela “no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”.
Meses de tira y afloja
En diciembre, la VPRS había habilitado un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que jueces decidirán si autorizan al fiscal de la CPI, Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.
A inicios de abril, el gobierno de Maduro rechazó los argumentos del fiscal Khan, quien al responder a las observaciones presentadas por el Estado venezolano que busca evitar que continue la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, ratificó su solicitud de que continúe el proceso de investigación.
La fiscalía de la CPI asegura que ninguna de las peticiones del Estado “tiene fundamento” y reiteró a la Sala de Cuestiones Preliminares su petición de que continúe la investigación.
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“El gobierno no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”, precisó la fiscalía, entre otros argumentos.
En ese sentido, la fiscalía sostiene que el aplazamiento de la investigación “no está justificado” y solicita a la Sala de Cuestiones preliminares que autorice la reanudación de la investigación.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
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El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Antes de la Conferencia Internacional sobre Venezuela celebrada recientemente en Bogotá, entre sus condiciones para volver al diálogo político con la oposición, el gobierno de Maduro incluyó el cese de lo que calificó de “políticas de ataques” a través de la CPI.
Buena noticia
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, califica como una “magnífica noticia para las víctimas” el hecho de que la Sala no haya otorgado al gobierno venezolano un lapso adicional para responder al informe.
“De esta manera se pone de manifiesto que la solicitud del gobierno no tenía fundamento alguno, de hecho, lo dice expresamente la decisión, que esta solicitud no está contemplada en el procedimiento que se está decidiendo”, resalta Daniels al ser consultado por la Voz de América.
Daniels, abogado y profesor de derecho internacional humanitario, estima que lo que debe proceder es la continuidad de la investigación, «vista la abrumadora cantidad de pruebas que demuestran que en Venezuela no hay justicia”.
Calixto Ávila, vocero en Europa de la organización defensora de DDHH Provea, una de las más antiguas del país, destaca que la petición del Estado venezolano «no tiene precedentes» y recuerda que las dos situaciones similares son las de Afganistán y Filipinas que, explica, no introdujeron ese tipo de recursos.
«El objetivo del recurso era esencialmente dilatorio, es decir, poner trabas en el proceso de decisión de los jueces de la CPI a la petición del fiscal. Es dilatorio y abusivo y contrario al interés de las víctimas», manifestó. nCon Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA)
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