A seis años del histórico acuerdo de paz del gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las disidencias de la guerrilla que no se acogieron al acuerdo o que se desmarcaron después suman más de 5.000 hombres armados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
El nuevo presidente, Gustavo Petro, manifestó desde su llegada a la Casa de Nariño que buscaría una “paz total” en Colombia, para lo cual dijo que iba a avanzar conversaciones con todos los actores armados del país, entre ellos los grupos disidentes de las FARC Estado Mayor Central, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco», y la Segunda Marquetalia, comandada por Luciano Marín, alias «Iván Márquez».
La idea que ha sido acogida con beneplácito por los diferentes grupos armados, que han declarado su intención de sumarse a la iniciativa.
El gobierno colombiano ha dicho que las negociaciones con estos grupos disidentes de las FARC irán encaminadas en que se cumpla lo pactado en el acuerdo firmado en 2016, que llevó al desarme y posteriormente a la conversión de la organización insurgente a partido político, hoy conocido como Comunes, que tiene aseguradas cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara de Representantes.
Desde el Partido Comunes saludaron los esfuerzos «de acoger la propuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro» y «del cese de actividades armadas», dijo el senador Iván Gallo, excomandante de la extinta guerrilla de las FARC.
Pero otros sectores políticos han manifestado desacuerdo y dicen que negociar con las disidencias suponen lo contrario a respetar lo firmado en los acuerdos.
“Me parece un pésimo mensaje para los centenares de guerrilleros que siguen firmemente el acuerdo de La Habana. Además, le quita seriedad al Estado colombiano, que ya les brindó una oportunidad y quedó reflejado en la normatividad legal”, dijo a la Voz de América Humberto de la Calle, senador y quien estuvo a cargo de la delegación negociadora colombiana con las FARC.
Desaconsejable entablar nuevo diálogo
Entablar nuevos diálogos con las disidencias es desaconsejable porque «el mensaje que le envía a la sociedad» es el de «premiar a quien incumplió después de firmar», agregó.
Unos 13.000 excombatientes se han acogido al proceso de paz después del acuerdo entre el gobierno y la desmovilizada guerrilla de las FARC.
David Luna, senador del Partido Cambio Radical, también manifestó que está en desacuerdo en entablar diálogos con la “Segunda Marquetalia”.
“El acuerdo de paz se debe respetar y claramente Iván Márquez y la Segunda Marquetalia lo irrespetaron. Ellos tuvieron la oportunidad de desarmarse, de entregar las armas, de regresar a la vida civil. Incluso una serie de beneficios políticos que ningún otro ha tenido producto de la negociación, [pero] incumplieron esa negociación, ahora les corresponde someterse a la justicia”, comentó.
Son 40 las estructuras de las disidencias que no se acogieron al histórico acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 y que ahora se autodenominan Estado Mayor Central, liderado por «Iván Mordisco», a quien el gobierno del expresidente Iván Duque había declarado muerto en julio de este año, pero reapareció el viernes 23 de septiembre anunciando que estaban dispuestos a concretar un cese al fuego con el gobierno colombiano.
Por otro lado está la facción disidente de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia, bajo el mando de alias «Iván Márquez», que fue el jefe negociador de las extintas FARC. En 2018, cuando todos creían que iba a cumplir con lo pactado, retomó las armas y en un video publicado en agosto de 2019 reapareció criticando la forma en que fueron implementados los acuerdos de paz y que por eso volvía a la clandestinidad anunciando la creación de la Segunda Marquetalia.
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Marquetalia es una vereda ubicada en el municipio de Planadas, en el departamento de Tolima, en el centro-oeste de Colombia, el lugar donde surgieron las FARC en 1964, inspiradas en los guerrilleros de la revolución cubana que llegaron al poder en 1959.
La senadora Gloria Flores, del partido de gobierno, dijo que el anuncio de iniciar diálogos exploratorios con las disidencias “está en la dirección de lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro, de lograr entre los colombianos y colombianas la paz total, y eso significa dialogar con todos los actores armados”.
“Ya se ha iniciado el proceso con el [Ejército de Liberación Nacional] ELN, entonces ahora comienza el acercamiento con las disidencias de las FARC y vendrán también otros actores con los que habrá que conversar porque se trata precisamente de generar las condiciones para superar la violencia que nos ha afectado tan fuerte a los colombianos y colombianas durante siglos”, agregó.
Previos gobiernos han intentado sin logro poner fin al conflicto
El ELN es la guerrilla activa más antigua de América Latina. Distintos gobiernos colombianos han intentado, sin logro alguno, poner fin al conflicto. El último diálogo formal entre el gobierno y la guerrilla comenzó en 2017 en Quito, Ecuador, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018). La Mesa de Diálogo fue trasladada en 2018 a La Habana, Cuba. Sin embargo, las negociaciones quedaron congeladas de manera indefinida desde 2019 tras un atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Bogotá, que dejó 22 muertos y cerca de 70 heridos.
El gobierno colombiano planea presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley llamado Ley de Sometimiento, en una fecha no determinada, que de acuerdo con el senador Iván Cepeda, del partido oficialista, podría cobijar eventualmente a las disidencias de las FARC, y “crearía un procedimiento penal ordinario para la persecución de estructuras de crimen organizado de alto impacto, que permita su desmantelamiento, así como su presentación a la justicia, de manera colectiva”.
El proyecto de la Ley de Sometimiento plantea rebajas de penas a cambio de «verdad y reparación», con actividades comunitarias que permitan reparar el daño a las víctimas y que los condenados cuenten la verdad de los crímenes cometidos.
En ese sentido, también busca otorgarle un trato diferencial en las condenas a los líderes de las organizaciones criminales y los integrantes rasos, además en caso de ser aprobada, los grupos armados tendrán derecho a un descuento del 60% del total de la condena y podrán mantener el 10% del valor de la entrega anticipada de bienes. Para esto, los grupos armados deben demostrar su interés en acogerse a la justicia y reparar a las víctimas.
La directora de la Fundación Ideas Para la Paz, María Victoria Lorrente, dijo a la VOA que “debería haber un proceso de sometimiento a la justicia ordinaria para que [las disidencias] puedan reincorporarse a la vida civil”.
“Aceptar que las disidencias se autodenominen Estado Mayor Central de las FARC es negar la desmovilización de ese grupo, que fue uno de los mayores aciertos del acuerdo de paz que es reconocido mundialmente como el avance más concreto por la dejación de armas”, dijo, y añadió que no se puede enviar el mensaje de “premiar el delito” al otorgarle oportunidades de “negociación política a estos grupos” disidentes. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) – #SNNV – #5Oct #VenprensaInforma
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