Introducción:
Este año fue una dura prueba para el bando opositor, un reto de intentar participar en las elecciones parlamentarias, ese mismo año fue rechazado el referendo revocatorio al mandato presidencial tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia TSJ, los opositores se agruparon exigiendo elecciones y nuevamente la confrontación recobró fuerzas tras estar en el tapete hacer el llamado a elecciones por el Poder electoral venezolano, el cual con un silencio administrativos evitó el tema siendo increpado por la Mesa de la Unidad la cual se agrupo en una sola tarjeta llamada MUD conocida como la de la “Manito”, hubo un incremento de presos políticos y cambios en el poder parlamentario radicales donde por primera vez opositores tomaron el control absoluto y mayoritario de la Asamblea Nacional.
Periodista Investigador: Juan Carlos Colina: CEO fundador y Gerente de Venprensa- Venezolana de Prensa, desde sus inicios, fue quien le dio su nombre convirtiéndose en un atractivo dominio que entrelazaba fácilmente parte del nombre de Venezuela y la actividad de Prensa como objetivo informativo. Luego de gerenciar Televisión de la Costa TVC y creador y ancla de los espacios informativos Noticias TVC, durante 12 años, decide crear un medio digital cuando en el país apenas existían unos cuantos, los cuales aún no propiciaban la lectura habitual de las noticias como hoy día. Luego de 15 años, hoy además dirige el Sistema Nacional de Noticias Venprensa SNNV, el cual está conformados por tres medios independientes, pero afines al Sistema que permite agruparse en la información segmentada, en su inicio lo conformaban ocho medios entre regiones y temáticos, hoy solo sobreviven tres dada la crisis del país.
Comienzo del año 2015
Las protestas comenzaron desde el día 23 de enero
El año 2015 en Venezuela estuvo marcado por un clima de tensión política y social que se intensificó desde enero. Las protestas, impulsadas por sectores opositores y ciudadanos descontentos, surgieron como respuesta a la crisis económica, la escasez de productos básicos y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estas manifestaciones, aunque menos masivas que las de 2014, mantuvieron una constante presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
La oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aprovechó el descontento popular para exigir elecciones parlamentarias libres y transparentes. Las protestas no solo se centraron en Caracas, sino que se extendieron a ciudades como Maracaibo, Valencia y Barquisimeto, donde la población reclamaba soluciones ante la inflación galopante y la falta de medicamentos.
Sin embargo, el gobierno respondió con medidas de control, incluyendo el despliegue de fuerzas de seguridad y la detención de manifestantes. Organizaciones como el Foro Penal Venezolano documentaron un aumento en las detenciones arbitrarias, muchas de ellas bajo acusaciones de «incitación al odio» o «terrorismo” por los eventos que se suscitaron en distintas regiones y situaciones en el país.
A pesar de la represión, las movilizaciones lograron mantener en la agenda nacional la exigencia de un cambio político. La oposición insistió en que las elecciones parlamentarias de diciembre serían una oportunidad para revertir el control chavista en el poder legislativo.
Las protestas también pusieron en evidencia la fractura dentro del chavismo, con sectores críticos que cuestionaban la gestión de Maduro. Sin embargo, el oficialismo mantuvo su discurso de atribuir las manifestaciones a una «guerra económica» impulsada por sectores de derecha y potencias extranjeras.
Para mediados de año, las protestas habían dejado un saldo de fallecidos y heridos, muchos de ellos en enfrentamientos con fuerzas del orden. La polarización política se profundizó, y la oposición consolidó su estrategia de canalizar el descontento a través de las urnas.
Aunque las manifestaciones no lograron cambios inmediatos en las políticas gubernamentales, sí lograron mantener la presión internacional sobre Venezuela. Organismos como la OEA y la ONU expresaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
El clima de protesta y represión en 2015 fue un preludio de lo que vendría en los años siguientes, marcando un punto de inflexión en la lucha política entre el chavismo y la oposición.
Acuerdos opositores para la llamada UNIDAD y alcanzar su victoria en las elecciones del Parlamento venezolano
La oposición venezolana entendió que la única forma de derrotar al chavismo en las parlamentarias era a través de la unidad. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró aglutinar a partidos de distintas tendencias, desde la centroizquierda hasta la derecha, bajo una misma estrategia electoral.
Uno de los mayores desafíos fue superar las diferencias internas. Líderes como Henrique Capriles (Primero Justicia), Leopoldo López (Voluntad Popular) y Henry Ramos Allup (Acción Democrática) debieron negociar candidaturas y programas comunes para evitar la fragmentación del voto opositor.
La MUD implementó primarias internas para seleccionar a sus candidatos, un proceso inédito que buscaba dar legitimidad a sus postulados. Esta estrategia permitió presentar una alternativa cohesionada frente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La campaña opositora se centró en denunciar la crisis económica, la corrupción y la falta de libertades democráticas. Mensajes como «El cambio comienza ahora» resonaron en una población agotada por la escasez y la inflación.
El gobierno, por su parte, intentó desacreditar a la oposición acusándola de servir a intereses extranjeros. Nicolás Maduro llegó a afirmar que el chavismo debía «ganar como sea«, reflejando la tensión en la contienda electoral.
A pesar de las dificultades, la MUD logró capitalizar el descontento social. Su estrategia de unidad y su enfoque en problemas concretos (como la falta de medicinas y alimentos) le permitieron conectar con un electorado amplio.
La participación masiva en las elecciones (74,25%) demostró que los venezolanos veían en los comicios una oportunidad para expresar su rechazo al gobierno. La oposición supo canalizar ese sentimiento hacia una victoria histórica.
El triunfo en las parlamentarias de 2015 marcó un hito: por primera vez en 16 años, el chavismo perdía el control de la Asamblea Nacional. Sin embargo, este éxito pronto se vería limitado por las acciones del oficialismo para neutralizar a la nueva mayoría legislativa.
Fallecidos por protestas en el año 2015
El año 2015 dejó un triste saldo de vidas perdidas en medio de las protestas y la represión. Según datos aportados por las autoridades venezolanas y organizaciones de derechos humanos, al menos 43 personas murieron en contextos vinculados a manifestaciones políticas y disturbios.
Denuncia Opositora..
Entre las víctimas hubo manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos de los fallecidos eran jóvenes que participaban en las protestas contra el gobierno, en algunos casos alcanzados por disparos de las autoridades denunciaron en el bando opositor.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de un estudiante universitario en Caracas y otro en Táchira, cuyas muertes durante las protestas generó indignación y más movilizaciones. Las autoridades atribuyeron el hecho a «enfrentamientos entre bandas«, pero testigos señalaron la responsabilidad de cuerpos policiales.
La muerte de Kluiberth Roa, un joven de 14 años, puso a la violencia en el primer renglón de las conversaciones en Venezuela en ese momento.
Kluiberth Roa fue asesinado el 24 de febrero de 2015 en manos de la PNB, recibió un disparo en la cabeza cuando se escondía de la represión con armas letales y antimotines que se vivía durante una protesta pacífica en el estado Táchira.
La crisis económica pasó a un lado y ahora los venezolanos opositores se vuelven a quejar, como hace un año, de lo que llaman la «represión del régimen».
El gobierno de Nicolás Maduro condenó la muerte de Roa, perpetrada por un policía PNB que está arrestado. (reseña en venprensa.com)
El gobierno justificó el uso de la fuerza argumentando que las protestas opositoras eran violentas y buscaban desestabilizar el país. Sin embargo, organismos internacionales como Amnistía Internacional documentaron algunos actos calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza”, casos que hoy son parte de la investigación del Caso Venezuela que reposa ante la CPI en la Haya.
No solo opositores entre las víctimas, el gobierno denunció casos de simpatizantes del oficialismo…
Las víctimas no solo fueron opositores. También hubo casos de simpatizantes chavistas atacados en medio de la polarización política. Esto reflejaba el clima de confrontación que vivía Venezuela.
Las familias de los fallecidos exigieron justicia, pero la mayoría de los casos quedaron en la impunidad sin establecerse la responsabilidad de los culpables de los hechos. El sistema judicial, activó investigaciones que aún se espera por las decisiones.
La oposición utilizó estos hechos para denunciarlos como; «represión sistemática» del gobierno. En campaña electoral, prometió una Ley de Amnistía para los Presos Políticos y justicia para las víctimas de la llamada “violencia estatal”.
A pesar de las muertes, las protestas continuaron, mostrando la profundidad del descontento social. Los fallecidos de este convulsionado año 2015 se convirtieron en símbolos de la lucha de la oposición venezolana, y parte de la documentación de hechos que fueron enviados a la Corte Penal Internacional, de la cual hoy en 2025, ha sido visitada recientemente en la Haya por la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez para el seguimiento procesal del caso abierto por presuntos Crímenes de Lesa Humanidad. (aún sin decisión alguna)
Decisiones del oficialismo en el Tribunal Supremo de Justicia para asegurarse del control del poder jurídico en Venezuela
Una vez que la oposición ganó las parlamentarias, el gobierno de Maduro recurrió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para limitar su poder. En diciembre de 2015, el TSJ emitió medidas cautelares suspendiendo la proclamación de tres diputados opositores electos por Amazonas, bajo acusaciones de fraude.
El sonado caso de los 112 escaños…
Esta decisión buscaba evitar que la MUD alcanzara los dos tercios de la Asamblea Nacional, necesarios para realizar cambios constitucionales. Con los tres diputados suspendidos, la oposición quedó con solo 112 escaños, justo en el límite de la mayoría calificada.
En 2016, el TSJ declaró en «desacato» a toda la Asamblea Nacional, anulando todas sus decisiones. Este movimiento permitió al gobierno seguir gobernando sin el aval del Parlamento, consolidando un sistema de control judicial sobre el Legislativo.
El TSJ, dominado por magistrados afines al chavismo, se convirtió en una herramienta clave para bloquear cualquier iniciativa opositora. Entre sus resoluciones más polémicas estuvo la transferencia de competencias legislativas a Nicolás Maduro, lo que le permitió gobernar por decreto.
La comunidad internacional condenó estas acciones como un «quiebre del orden constitucional«. Los Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a varios magistrados del TSJ por socavar la democracia.
La oposición denunció que el TSJ actuaba como una «extensión del PSUV«, invalidando el mandato popular expresado en las urnas. Sin embargo, no logró revertir estas decisiones debido al control oficialista sobre las instituciones.
En los años siguientes, el TSJ continuó emitiendo fallos que favorecían al gobierno, incluyendo la inhabilitación de líderes opositores y la anulación de procesos electorales adversos al chavismo.
Esta judicialización de la política marcó un antes y después en el conflicto venezolano, mostrando que el oficialismo no estaba dispuesto a ceder poder a pesar de su derrota electoral.
La no entrega de la televisora ANTV al nuevo parlamento
Otro frente de conflicto entre el gobierno y la nueva Asamblea Nacional fue el control de los medios públicos. La televisora ANTV (Asamblea Nacional Televisión), que tradicionalmente transmitía las sesiones parlamentarias, no fue entregada a la directiva opositora.
El chavismo argumentó que el canal era un medio del Estado y no del Parlamento, por lo que no correspondía su traspaso. Esto impidió que la oposición tuviera una plataforma para difundir sus debates y decisiones.
En respuesta, la Asamblea Nacional opositora transmitió sus sesiones a través de redes sociales y medios alternativos. Sin embargo, la falta de acceso a ANTV limitó su alcance masivo.
Este conflicto reflejaba la estrategia del gobierno de controlar la información y restringir la visibilidad de la oposición. Medios estatales como VTV y Telesur minimizaron las acciones del Parlamento, presentándolas como «golpistas”.
La negativa a entregar ANTV fue otro ejemplo de cómo el oficialismo neutralizó a la oposición, incluso en aspectos simbólicos como la difusión de sus actividades.
Conclusiones
El año 2015 marcó un punto de inflexión en la política venezolana. La victoria opositora en las parlamentarias generó esperanzas de cambio, pero el chavismo respondió con una estrategia de bloqueo institucional que profundizó la crisis.
A casi una década de esos eventos, Venezuela sigue sumida en una lucha política donde las elecciones ya no son suficientes para garantizar una transición democrática.
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