Un fiscal argentino imputó a militares venezolanos que se desempeñaban como altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas callejeras de 2014 con presuntos crímenes de lesa humanidad contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
La medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien resolvió impulsar una acción penal “como presuntos responsables a los, al menos por entonces, mayor general Juan José Noguera Pietri, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y al General de División José Dionisio Goncálvez Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo”, según la disposición difundida el miércoles.
La Corte Penal Internacional de La Haya reabrió una investigación también por crímenes de lesa humanidad por lo sucedido en las manifestaciones de hace nueve años.
El fiscal argentino también pidió hacer llamados a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que remitan “copias de informes de las misiones internacionales enviadas a Venezuela y toda actuación relacionada a los manifestantes muertos”.
El funcionario de la Fiscalía imputó a una docena de militares de distinto rango, entre generales de brigada, coroneles, tenientes coroneles y sargentos de los destacamentos de Carabobo y Tocuyito.
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La resolución de Stornelli, a la que tuvo acceso AP, tuvo lugar a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, en inglés), tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de derechos humanos.
Esta organización representa a las familias de dos manifestantes venezolanos asesinados hace casi una década.
La negativa de la justicia venezolana a investigar a los jerarcas de la Guardia Nacional Bolivariana (sólo fueron juzgados oficiales de rangos subalternos como autores materiales) llevó a la Fundación Clooney a motorizar una causa judicial ante los tribunales argentinos, los cuales se han basado en el principio de jurisdicción universal para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio.
En ella, se afirma que “el ataque organizado contra la población civil entre febrero y mayo de 2014 respondió a una política del Estado venezolano” y que los asesinatos de al menos 25 manifestantes a manos de fuerzas de seguridad o colectivos se enmarcaron en un “plan sistemático” de represión contra opositores.
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Los denunciantes, basándose en el Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional, sostienen que “el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando”.
En su fallo, Stornelli solicitó una serie de medidas que deben ser previamente avaladas por un juez federal, entre ellas que se liberen exhortaciones a la justicia venezolana para que envíen copias de las actuaciones judiciales y a los hospitales donde fueron asistidas las víctimas para acceder a historias clínicas, listado de los profesionales que los atendieron y actas de defunción. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA)
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