El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el domingo que investiga por presunta “corrupción administrativa y malversación de fondos”, a varios ciudadanos que ejercían cargos públicos, informó el canal estatal Venezolana de Televisión.
Joselit Ramírez, destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoacgivis y Actividades Conexas (Sunacrip), donde ocurrió una “reestructuración”, habría sido detenido junto a otros funcionarios, publicó el diario local Últimas Noticias.
Los reportes de detenciones en la prensa venezolana aún no han sido confirmados oficialmente por el gobierno de Maduro.
Ramírez está en la lista de buscados por “lavado de dinero y evasión de sanciones” del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y del Departamento de Estado de EEUU, que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su arresto.
“Ramírez Camacho trabajó con otros para violar y evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas”, precisa la agencia gubernamental.
A través de un comunicado, difundido por el fiscal general, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter, el MP señaló que, para dirigir la investigación, fueron «designados los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94 nacionales con competencia en las materias de corrupción, delincuencia organizada, derechos humanos y competencia plena«.
«Los ilícitos investigados corresponden a distintas ramas y niveles del poder público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia»
Tarek William Saab- Fiscal General de la República
El ente fiscal judicial reiteró su compromiso con la «lucha contra la corrupción y búsqueda de la justicia, en aras de proteger los intereses de la nación ante prácticas y funcionarios inescrupulosos que dañan a la institucionalidad y traicionan la confianza del país».
La Policía Anticorrupción solicitó este viernes al Ministerio Público procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones» en el poder público y que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
Los reportes de detenciones en la prensa venezolana aún no han sido confirmados oficialmente por el gobierno de Maduro.
Ramírez está en la lista de buscados por “lavado de dinero y evasión de sanciones” del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y del Departamento de Estado de EEUU, que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su arresto.
“Ramírez Camacho trabajó con otros para violar y evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas”, precisa la agencia gubernamental.
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El Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense señala a Ramírez de tener vínculos con el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, designado en 2017 por el Departamento del Tesoro de EEUU como “narcotraficante especialmente designado” por “jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional”.
“Facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela. En sus antiguas posiciones, él supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos con México y los Estados Unidos como destinos finales”, precisa el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.
En varias ocasiones el gobierno venezolano, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, han defendido a varios funcionarios sancionados, entre ellos El Aissami.
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“Lo quieren vincular a Hezbollah, yo conozco bien a Tareck, nunca en su vida, jamás ha tenido contacto con nadie de Hezbollah”, dijo el mandatario venezolano en un acto público en 2019.
Otros de los investigados en la operación de las autoridades anticorrupción fueron el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas; y el Juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez, quien estuvo al frente de casos donde se condenaron importantes líderes opositores.
El canal del Estado también confirmó la investigación al alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Pedro Hernández, “por temas vinculados” a bandas delictivas.
La Policía Anticorrupción de Venezuela había anunciado el viernes que solicitó al Ministerio Público el “encauzamiento judicial” de una serie de individuos que podrían estar incursos en “graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Por otra parte este domingo comenzando la noche se pudo conocer otras informaciones de diarios nacionales que revelan aún más nombres que tras el hermetismo de la situación, aclaran un poco los datos acerca de nombres de los presuntos involucrados;
«La Policía Nacional Anticorrupción detuvo este domingo al diputado a la Asamblea Nacional, Hugbel Roa (Psuv-Trujillo), señalado por presuntos hechos de corrupción en la industria petrolera.
Eligio Rojas- Diario Últimas Noticias
La información fue publicada por el periodista de Últimas Noticias, Eligio Rojas, y compartida por diversos medios de comunicación.
Roa, quien es conocido por ser cercano al ministro Tareck El Aissami, fue también ministro de Educación Universitaria del gobierno de Nicolás Maduro.
Con Roa ya serían al menos dos las personas vinculadas a El Aissami que han sido arrestadas en las últimas horas, tras la captura de Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.»
Recordemos además que este viernes pasado en un operativo de la Policía Anticorrupción detuvo al presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perre. Así como el juez 4° antiterrorista José Maxcimino Márquez García.
También arrestaron al alcalde del municipio Santos Michelena (estado Aragua) Pedro Hernández; y al jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez. Todos presuntamente incursos en hechos de corrupción.
El MP destacó que «ha iniciado las diligencias pertinentes a los fines de su judicialización» por los hechos de corrupción de dichos funcionarios públicos.
Comunicado difundido por el gobierno nacional
«Se ha iniciado -ante la Fiscalía- una solicitud de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
Recordamos que la Policía Nacional Anticorrupción fue creada en 2014 por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de una facultad extraordinaria otorgada por el Parlamento al jefe de Estado.Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) #SNNV – #19Mar #VenprensaInforma
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