Un anuncio que sacude el tablero internacional y reaviva el debate sobre la justicia en Venezuela.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este lunes que cerrará su oficina en Caracas, decisión que marca un giro significativo en la relación entre el organismo y el Estado venezolano.
Durante su intervención en la 24ª Asamblea de los Estados Parte, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang señaló que, pese a los “esfuerzos y compromisos sostenidos” con las autoridades nacionales, los avances reales en materia de complementariedad siguen siendo insuficientes para justificar la permanencia de la misión en el país.
Este cierre abre nuevas interrogantes sobre los próximos pasos del proceso y el nivel de cooperación que mantendrá el Gobierno venezolano ante las investigaciones que siguen su curso en La Haya.
Expertos mencionan que la medida que podría redefinir el escenario judicial y político en los meses por venir.
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