Parece insólito que en un país donde el peor servicio que no solo es inestable y mantiene cortes constantes en el servicio, además de daños a los artefactos eléctricos que la empresa no asume tras las fluctuaciones del nefasto sistema eléctrico nacional, ahora no sorprende este nuevo golpe al bolsillo, atribuído a la reconección del servicio, cobrado a precio de países de primer mundo.
Un trabajador de la empresa eléctrica nacional Corpoelec confirmó a el medio venezolano “El Pitazo” que el monto oficial de reconexión para clientes residenciales es de 48 dólares (Bs. 21.521,28, al cambio del pasado 17 de marzo), mientras que los comercios deben cancelar 130 dólares (Bs. 58.286,8) y los clientes industriales 288 dólares (Bs. 129.127,68).
A esos montos hay que sumarles el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tras esta situación, el equipo de Venprensa salió a realizar una investigación periodística para constatar el impacto económico de la situación relacionada con las tarifas y condiciones del servicio en los hogares venezolanos, trayendo como referencia la inquietud reflejada en la precariedad de los ingresos mensuales en hogares de clase media del país este año tras el impacto económico que representa el aumento desproporcionado en la economía de Venezuela desde comienzos de este año hasta marzo de 2026.
En la práctica, el anuncio y las denuncias sobre estos cobros no caen sobre una economía estable, sino sobre hogares que ya vienen haciendo malabares para cubrir comida, transporte, medicinas, alquiler y educación. El problema no es solamente el monto de la reconexión, sino el mensaje que transmite: en un país donde el salario mínimo legal continúa fijado en 130 bolívares desde 2022, imponer pagos dolarizados por restablecer un servicio básico termina empujando a miles de familias a escoger entre volver a tener luz o seguir comprando lo indispensable para sobrevivir.
La desproporción salta a la vista cuando se contrasta ese cobro con el poder adquisitivo real del venezolano. Según reportes recientes, esos 130 bolívares mensuales equivalen hoy a menos de un dólar, mientras la canasta alimentaria familiar medida por Cendas-FVM cerró enero de 2026 en 677,17 dólares.
Eso significa que la reconexión residencial de Corpoelec representa una fracción importante del presupuesto mensual de una familia que ya vive bajo presión, y en muchos casos supera lo que un trabajador formal puede reunir en semanas o incluso meses, si depende exclusivamente del ingreso salarial.
El golpe se siente todavía más fuerte en los sectores medios, donde muchos hogares no califican como los más vulnerables ante el discurso oficial, pero tampoco tienen capacidad financiera para absorber sin trauma nuevos cobros en divisas.

En urbanizaciones, apartamentos y casas de ciudades como Caracas, Valencia, Maracay o Barquisimeto, la electricidad dejó de ser solo un servicio deficiente para convertirse también en una amenaza constante al presupuesto familiar. La percepción que crece entre los usuarios es clara: el ciudadano está pagando cada vez más por un sistema que no garantiza estabilidad, continuidad ni respuesta oportuna frente a apagones, fluctuaciones y daños en electrodomésticos.
La contradicción es todavía más sensible porque el reclamo no ocurre en medio de una mejora del sistema eléctrico nacional, sino en un contexto donde las quejas por interrupciones, bajones y fallas siguen siendo parte de la cotidianidad venezolana.
Para muchas familias, la electricidad no solo falla: también daña neveras, aires acondicionados, televisores, bombas de agua y equipos de trabajo, lo que multiplica los gastos en reparación o reemplazo. En ese escenario, cobrar 48 dólares más IVA por una reconexión luce, para buena parte de la población, como una medida ajena a la realidad económica del país y divorciada del principio de proporcionalidad que debería acompañar a un servicio público esencial.
Desde el punto de vista social, el impacto va más allá de la factura. Cuando una familia debe destinar decenas de dólares a recuperar el servicio eléctrico, se reduce su margen para alimentarse mejor, comprar tratamientos médicos, pagar pasajes o sostener a hijos en edad escolar.
En los comercios pequeños, además, la reconexión de 130 dólares puede convertirse en un nuevo empujón hacia el cierre o la informalidad. Y en el sector industrial, el monto de 288 dólares más IVA vuelve más pesada una estructura de costos que ya viene golpeada por inflación, caída del consumo y servicios públicos irregulares.
La discusión de fondo, entonces, no se limita a una tarifa: apunta al modelo con el que el Estado está administrando servicios esenciales en un país donde los ingresos siguen pulverizados. Venezuela enfrenta hoy una paradoja que se repite en distintos ámbitos de su economía: cobros indexados o dolarizados sobre una población cuyos salarios permanecen congelados y cuyo poder de compra se ha reducido de forma drástica. En ese choque entre tarifas de primer mundo e ingresos de subsistencia, la factura siempre termina cayendo del lado del ciudadano.
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