Nicolás Maduro anunció este viernes que solicitará formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) iniciar un procedimiento para revocar la nacionalidad venezolana del dirigente opositor Leopoldo López, actualmente exiliado en España desde el año 2020.
Durante una transmisión por cadena nacional, Maduro acusó a López de “traicionar a la patria” y de “actuar en complicidad con gobiernos extranjeros” para afectar la estabilidad política y económica de Venezuela. “No se puede permitir que quien llama a sanciones contra su país siga amparado bajo nuestra Constitución”, expresó el mandatario en su discurso.
La petición al TSJ y el debate jurídico
La solicitud de Maduro fue dirigida a la Sala Constitucional del TSJ, aunque el procedimiento de retiro de nacionalidad por nacimiento no está expresamente contemplado en la legislación venezolana.
De acuerdo con el artículo 34 de la Constitución, la nacionalidad venezolana por nacimiento es “irrenunciable” y no puede ser revocada por ningún poder del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que López “perdió su derecho moral y legal” al promover, presuntamente, medidas coercitivas internacionales contra el país.
Juristas y expertos en derecho constitucional han manifestado que esta acción sería inconstitucional, al no existir una base jurídica que permita despojar de su nacionalidad a un ciudadano nacido en territorio venezolano.
El abogado constitucionalista Jesús María Casal señaló en declaraciones a medios nacionales que “ningún decreto o sentencia puede eliminar la nacionalidad de nacimiento, ni siquiera por razones políticas o de seguridad nacional”.
Reacciones políticas y contexto
La declaración de Maduro ha generado amplias reacciones dentro y fuera del país. Desde el oficialismo, voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldaron la iniciativa, asegurando que “López ha trabajado activamente contra los intereses de la nación”.
Por su parte, sectores de la oposición calificaron la medida como un acto de persecución política y una violación directa a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
En redes sociales, dirigentes opositores y organizaciones de derechos humanos criticaron el anuncio, considerándolo un intento de intimidar a los líderes exiliados y desviar la atención de los problemas internos del país.
Un opositor con trayectoria marcada por la confrontación política
Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, fue arrestado en 2014 y condenado por su participación en las protestas conocidas como La Salida, que dejaron más de 40 fallecidos en el país.
Tras pasar varios años en prisión y luego en arresto domiciliario, logró escapar en 2020 hacia España, donde ha mantenido una intensa agenda internacional denunciando violaciones a los derechos humanos y exigiendo elecciones libres en Venezuela.
Desde su exilio, López ha sostenido reuniones con líderes europeos y estadounidenses, lo que ha incrementado las tensiones con el gobierno venezolano.
Escenario político en desarrollo
Hasta el momento, López no ha emitido declaraciones públicas sobre la solicitud de Maduro. Sin embargo, su entorno político en Madrid calificó la medida como “una amenaza absurda e ilegal” y aseguró que continuarán con su labor de denuncia ante organismos internacionales.
De concretarse, esta acción marcaría un precedente inédito en la historia venezolana, reabriendo el debate sobre los límites del poder presidencial y la independencia del sistema judicial.
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