Los periodistas nicaragüenses lamentan que cada día están más acorralados para ejercer su profesión con imparcialidad y a veces tienen que elegir entre la cárcel o el exilio.
Un veredicto de culpabilidad contra el cronista deportivo Miguel Mendoza en Nicaragua bajo una ley aprobada en 2020 coloca contra la pared a decenas de periodistas en el país. Día a día el gremio se ve obligado a reinventarse para mantener informada a la población en medio de un clima hostil, opinan colegas y analistas.
Mendoza fue declarado culpable por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, incluido en una controversial Ley de Ciberdelitos que ilustra la situación de inseguridad que se vive en Nicaragua desde abril de 2018. La Fiscalía pidió nueve años de prisión.
La experta en medios de comunicación y columnista del medio Confidencial Mildred Largaespada comentó a Voz de América que el Gobierno de Daniel Ortega irá tras cualquier periodista que describa la realidad que se vive en el país.
“Los periodistas vivieron en sus propias carnes la represión, no solamente la represión dirigida hacia los periodistas, sino que vieron toda la represión dirigida a la gente inocente, entonces eso nos convierte en testigos” dijo Largaespada.
Agregó que “el régimen no quiere a nadie que pueda testificar en su contra. Ese rol de periodistas como testigos es el que más pesa al régimen. Y eso amenaza a cualquier periodista y amenaza … a cualquier persona que tenga voz talentosa para comunicar en las redes sociales”.
Ella afirma que los periodistas “se la siguen jugando” en Nicaragua, en medio del silencio estatal, la desaparición de fuentes y la presión de las leyes represivas, y a pesar de ello buscan cada día nuevas maneras de informar a la población.
Sin embargo, la presión sobre los medios de comunicación ha calado. Según datos de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde junio de 2021 muchos reporteros han dejado el país.
“Tenemos establecido que hay más de 65 periodistas que han partido al exilio, muchos de ellos por la misma situación de inseguridad, de amenaza, de acoso y de represión, lo están manteniendo bajo perfil como una medida de seguridad”, dijo a la VOA Abigail Hernández, de la Comisión Ejecutiva de esa organización.
El caso de Miguel Mora
Ahora eso se suma a la sentencia de 13 años de prisión a Miguel Mora, quien fue detenido durante la arremetida contra candidatos presidenciales el año pasado y cuya carrera periodística ha había quedó truncada cuando el Gobierno cerró y confiscó su canal televisivo 100% Noticias y lo encarceló por más de un año.
A Mora también se le acusó de “menoscabo a la integridad nacional”, que según los fiscales se fundamenta en declaraciones públicas en que pidió la intervención de gobiernos y organismos internacionales para garantizar la vigencia de la democracia y la legalidad de las elecciones de Nicaragua.
Mora se había retirado de los medios de comunicación para dedicarse a la política y anunció sus aspiraciones presidenciales a través del Partido de Restauración Democrática, al que el gobierno de Ortega canceló su personería jurídica.
El periodista fue detenido junto a otros seis aspirantes presidenciales y todos fueron inhabilitados de participar en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, donde Ortega se reeligió para un cuarto mandato presidencial sin competencia política. Con Información de la Voz de América (VOA) PULSE AQUI para leer la información original – Imágen VOA- #12Feb #VenprensaInforma
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