Apenas un par de horas más tarde, Boluarte asumió la jefatura de Estado anunciado la convocatoria de elecciones legislativas y la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional.
“Desde este momento hasta el 27 de julio de 2026, defenderé la soberanía nacional, la idoneidad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, cumpliré y haré cumplir la Constitución y las leyes del Perú, reconoceré la libertad de culto y la formación plural y moral de los peruanos», señaló Boluarte al momento de jurar ante José Williams, titular del Parlamento.
TAMBIÉN LEA La OEA se compromete a dar “todo el apoyo necesario” para preservar la democracia en Perú
«Asumo el cargo de presidenta siendo consciente de la responsabilidad que me toca, y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses”, agregó la nueva mandataria.
Luego, Boluarte se dirigió a la oposición para una “tregua política” en lo que serán sus primeros meses de administración. «Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso, para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones», apuntó.
Finalmente, la presidenta de Perú pidió a la Fiscalía General y a la Contraloría a que sigan con las investigaciones de los presuntos actos de corrupción de la gestión de Castillo.
Castillo, bajo custodia policial
Tras la decisión del Congreso, Castillo fue detenido por la Policía cuando abandonaba el Palacio de Gobierno. El ya expresidente de Perú fue trasladado a la prefectura de Lima, a donde llegó la fiscal general, Patricia Benavides, para recoger sus descargos por haber tomado la decisión de disolver el Parlamento.
Castillo se encuentra acompañado por Aníbal Torres, quien se desempeñó como su ministro de Justicia y titular del Consejo de Ministros hasta hace unas semanas. Benji Espinoza y Eduardo Pachas, quienes eran sus abogados en los diversos procesos en la Fiscalía, renunciaron tras el anuncio del expresidente de disolver el Congreso.
Fuentes del Ministerio Público señalaron a la Voz de América que la Fiscalía General solicitará la prisión preventiva para Castillo por el presunto delito de conspiración al tratar de cerrar el Parlamento, cuya pena de cárcel podría ser de 20 años. Además, las seis investigaciones por casos de corrupción de su gobierno avanzarán más rápido.
TAMBIÉN LEA EEUU rechaza acciones de Castillo en Perú, reconoce su destitución
La tesis del Ministerio Público es que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. También estarían involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
Castillo también es investigado por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado; así como por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) #SNNV – #7Dic #VenprensaInforma
Venezolana de Prensa
12 Años Escribiendo La Historia, No La Cambiamos
Síguenos en: INSTAGRAM: @Venprensa – YouTube – FACEBOOK: Venezolana de Prensa – TWITTER: @Venprensa Tiktok @Venprensa Venprensa.com