El pueblo chileno dirá sí o no al nuevo texto constitucional presentado a comienzos de esta semana al presidente Gabriel Boric, que incluye derechos de los pueblos nativos y que reconfiguraría el Estado como un territorio “plurinacional e intercultural”.
De acuerdo a la nueva redacción, prevalecerían los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y se instalaría la figura de la “democracia directa”, con lo que se trastocaría todo el andamiaje institucional de 200 años en el país.
A finales de 2020, el 78 % de los chilenos dieron su apoyo en votación a favor de cambiar la Constitución del país. La Convención, de 154 miembros, trabajó más de un año para dar forma y fondo al nuevo pacto social del país, lo que representa el empuje inicial para reemplazar la constitución heredada de los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1974–1990).
El texto que irá a plebiscito el 4 de septiembre con todos los ciudadanos aptos para votar llamados por obligación a hacerlo, declara a Chile como un “Estado social y democrático de derecho” a la vez que propone que la república sudamericana tendría carácter “solidario”.
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“Esta Constitución, este proyecto constitucional, y el plebiscito [deben votarse] “no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastróficas ajenas a la realidad [del país]”, dijo el presidente Boric al recibir la copia del texto constitucional en ceremonia solemne en la sede del Congreso Nacional en Santiago, la capital de Chile.
«Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos”, agregó el mandatario.
Chile -como otras naciones del Hemisferio Occidental- es un país polarizado y el cambio que se propone la nación genera desconfianzas entre muchos chilenos, en parte porque la izquierda y los grupos autonómicos han ocupado la mayor parte de las sillas para redactar el documento.
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Este llega también en momentos en que la popularidad del presidente está en 33% de aprobación, por lo que temen que la mala imagen del joven presidente de izquierda termine empujando al precipicio la iniciativa.
¿Cómo definen el texto constitucional creadores y detractores?
Boric ha dicho que “será nuevamente el pueblo el que tenga la última palabra sobre su destino”, el debate para iniciar un cambio a la Constitución comenzó entre las manifestaciones masivas de octubre de 2019, que hicieron tambalear al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, de la derecha chilena.
No obstante la crisis llevó a reconocer a los sectores partidarios que hay una necesidad de hacer cambios estructurales para responder a nuevas demandas y de ahí surgió el consenso del momento para ir a elecciones libres para votar por la conformación de una Convención Constituyente que redactara el texto.
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La campaña de rechazo o aprobación a la Constitución comienza este miércoles 6 de julio, con lo que el documento de 178 páginas, 388 artículos, 11 capítulos y 54 normas transitorias sólo entraría en vigor si la mayoría lo decide. De no ser así, seguiría rigiendo la actual Carta Magna.
“Pase lo que pase el 4 de septiembre, Chile ya cambió”, dijo el constitucionalista Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, en su discurso durante la ceremonia de entrega del texto el pasado lunes.
Dijo que se trata de una “herencia de este proceso con un nuevo estándar para esta sociedad en que ya es inaceptable pensar por ejemplo en no tener paridad o participación popular”. A la vez advirtió que no existe Constitución perfecta en ningún país del mundo, y que tampoco la propuesta es una excepción, pero sería una herramienta sólida para buscar soluciones a los problemas actuales y de futuro.
Otros constituyentes como Fernando Atria, han defendido el texto como “el proceso más democrático e inclusivo que Chile ha tenido nunca (…) Es la constitución que Chile necesita” ha dicho este convencionalista, que forma parte del movimiento que llevó al poder al presidente Boric.
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Las fuerzas de rechazo a la Constitución han llegado desde sectores de derecha como el de centroizquierda, que han movilizado fuerzas en los últimos meses para demostrar su inconformidad ante la conformación de la Convención y con ello el resultado del texto escrito.
Medios internacionales a detractores como Isidro Solís, ex ministro de Justicia durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet: “Es mala y dañina para la democracia chilena”, dijo. El diario El País, lo citó admitiendo que está listo para votar en contra en el plebiscito. “Votaré rechazo con la misma fuerza y épica que dijimos no a Pinochet en el plebiscito de 1988”, aseguró el abogado.
¿En qué consiste la «República de democracia paritaria» que define la nueva Carta Magna?
El texto constitucional definiría a Chile como una “democracia paritaria” lo que supondría igualdad de género y que por mandato constitucional las mujeres ocupen 50% de todos los órganos de Estado.
El gobierno estaría obligado a crear todos los mecanismos y medidas para lograr que este objetivo se cumpla con la “igualdad sustantiva” que consolide la paridad.
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No obstant, la Constitución vigente de Chile ya contempla que «hombres y mujeres son iguales ante la ley» y pone prerrogativas al Estado para “asegurar el derecho de las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
Sucesivas reformas constitucionales han adecuado el lenguaje de género -han dicho otros expertos, en alusión a frases como “todas las personas nacen libres”, por ejemplo, para sustituir «hombres».
Otros consideran que el nuevo texto, al haber sido escrito por partes iguales en sí mismo muestra paridad y lo expresa el lenguaje y los derechos que se incluyen, para mujeres, pueblos originarios, ecologistas, entre otros.
¿Avance en el reconocimiento de los pueblos indígenas?
La nueva constitución ofrece dar igualdad y reconocimiento a 11 pueblos indígenas de Chile entre los que figuran Mapuches, Aimaras, Quechuas, entre otros, con lo que la Constitución apunta a un “Estado plurinacional e intercultural”.
La nueva Carta Magna ordena la creación de “autonomías regionales indígenas” que gocen de independencia política, aunque los constitucionales han indicado que el Estado de Chile tendría el privilegio “único e indivisible” para que nuevos marcos legales establezcan competencias.
El texto que irá a plebiscito en septiembre, además impone obligatoriedad del Estado de consultar a los pueblos indígenas en decisiones del país que les afecten.
Sin embargo, este punto ha abierto brechas de debate en el país suramericano, entre los que se oponen a una fragmentación de los pueblos, y optan más por la unificación bajo la sombrilla del Estado. También genera resquemor la propuesta de validar y reconocer los sistemas de aplicación de justicia ancestrales de las comunidades indígenas.
El experto Jorge Correa, ex miembro del Tribunal Constitucional de Chile, le dijo a BBC Mundo que la flaqueza del texto constitucional es no delimitar bien el ejercicio de la autonomía política y la justicia indígena.
“Se establece también la posibilidad de una justicia propia para las autoridades indígenas. No queda definido qué autoridades, en qué materias, en qué territorios o respecto a qué personas… Esto va a requerir una legislación, que puede ser muy razonable, pero que no tiene límites constitucionales»
¿Cuánto cambiaría el régimen de uso y concesión del agua?
Chile es uno de los países de la región donde la polémica por la explotación y uso del agua en manos privadas ha desatado conflictos en comunidades desfavorecidas cuando con el recurso natural prima el interés de un proyecto privado comercial en contra de terceros para tener acceso al vital líquido.
La Constitución vigente reconoce que «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».
La nueva Carta Magna busca romper ese privilegio y la asegura como un bien “inapropiable” y lo robustece a la categoría de “derecho humano al agua”, lo que obligaría al Estado a la creación de una Agencia nacional de Aguas, como en gran parte de las naciones, que regularía el uso sostenible del recurso hídrico.
La nueva Constitución desarrolla en un capítulo el tema de agua y establece los lineamientos en un entorno de Cambio Climático e impacto en comunidades desfavorecidas por lo que impulsa “derechos de la naturaleza” y que “el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”.
¿Es el aborto un tema espinoso para Chile?
El nuevo texto constitucional prevé “asegurar condiciones para el embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.
El régimen legal vigente en Chile ampara “la vida del que está por nacer”, y aún mantiene tres causales de penalización de aborto luego de una sentencia en 2017, cuando la Corte Constitucional definió que el «mecanismo idóneo para proteger al no nacido», pero que la cárcel o “sanción penal absoluta choca” con los derechos de las mujeres.
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El nuevo marco jurídico tendría que definir tiempos, condiciones y formas de aborto, si la ciudadanía aprueba el sí al nuevo texto constitucional.
¿Las pensiones que encendieron la mecha de las protestas en 2019 las enmienda la nueva Constitución?
El nuevo texto constitucional le otorga al gobierno la responsabilidad de impulsar “un estado social y democrático de derecho”, en contraposición al estatus actual cuya Carta Magna le obliga nada más a “contribuir para crear condiciones sociales”, para otorgar esos derechos a sus ciudadanos.
El tema de las pensiones ha sido uno de los más sensibles para la sociedad chilena que pasó del modelo colectivo de reparto a una suerte de empresas privadas que manejan los fondos de jubilación denominadas Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Estas captan los ahorros de los trabajadores con el propósito de hacerlos productivos durante los años de cotizaciones, y al final estiman la pensión a la que tiene derecho el trabajador llegado el tiempo de retiro.
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El deterioro de este sistema ha puesto en aprietos a Chile y fue parte de los reclamos durante las protestas de 2019, las pensiones eran al momento de las protestas el ejemplo fehaciente de “falencias modelo político y económico” que heredó el país con la promulgación de la Constitución de 1980.
La nueva constitución obligaría la vuelta a un Sistema de Seguridad Social público que debe financiarse con rentas nacionales y cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Se desconoce como operaría el sector privado de AFP y de salud de ser desmantelado el sistema actual. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) – #SNNV – #7Jul #VenprensaInforma
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