El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 743 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2021, lo que representa un aumento de 145% en relación al mismo período en 2020, cuando fueron 303.
2021 estuvo marcado por el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la Política de Criminalización, Represión y Control Social recrudeció, generando graves afectaciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
Las agresiones y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron, siendo uno de los años más complejos y hostiles para el ejercicio de acciones en torno a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.
El Estado venezolano siguió aplicando la Tesis del Enemigo Interno y la Doctrina de la Seguridad Nacional mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.
Aumentaron los niveles de riesgo para el Movimiento de Derechos Humanos en el país. El incremento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, fueron empleados para justificar la Tesis del Enemigo Interno, sumado a la inexistencia de mecanismos o Políticas públicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El entorno para la defensa, promoción y exigencia de los derechos humanos se tornó cada vez más hostil y restrictivo con el pasar de los días debido a las distintas circunstancias adversas que rodean y condicionan el contexto en el cual se desenvuelven quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.
Los 743 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA Y EXIGENCIA DE DERECHOS HUMANOS
En 2021 el entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, agravada por la pandemia del Covid-19, se tornó cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela. El aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático representó una grave amenaza a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos.
La agudización de las violaciones en contra del derecho a defender derechos humanos continuó durante el año. Sistemáticamente el Estado aplicó distintas formas de violencia para limitar, obstaculizar y afectar las labores de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos basándose en la Tesis del Enemigo Interno.
Los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización reflejan las acciones represivas y de control social que ejerce el Estado en un entorno de graves restricciones al espacio cívico y democrático.
La estigmatización como la base para avalar y facilitar la criminalización, los distintos discursos descalificatorios, llamados a la violencia, señalamientos de “enemigos”, “traidores”, “agentes desestabilizadores” entre otros , sumados al uso de la legislación penal y otros instrumentos normativos contrarios a las obligaciones del Estado de cara a la promoción y protección de la defensa de derecho humanos, se emplearon con el fin impedir, controlar y obstaculizar las acciones de documentación, denuncia, incidencia, cooperación y acción humanitaria, ejercida por las organizaciones no gubernamentales para hacer frente a crisis socio-política y de derechos humanos existente en el país y asistir y acompañar a las víctimas de los abusos y crímenes cometidos por el Estado en sus procesos de verdad, justicia y reparación.
Las medidas represivas y de control social fueron aplicadas con mayor fuerza en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos aumentando la violencia en su contra. Esto se evidencia en el incremento de los actos de intimidación, el hostigamiento y la materialización de amenazas en inicio de investigaciones y procesos penales, detenciones arbitrarias, allanamientos, sin que existan mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio de su labor.
El Estado sigue sin garantizar un entorno propicio y seguro para el movimiento de derechos humanos. Las organizaciones y personas defensoras se encuentran en un estado de absoluta desprotección, no sólo ante la ausencia de medidas efectivas que garanticen su protección y la de su trabajo, sino además ante la falta de investigación y sanción de los hechos ocurridos en su contra por parte de los organismos competentes tras el quiebre institucional y la cooptación de los poderes públicos.
El CDJ expresa su preocupación ante las distintas situaciones documentadas durante el año 2021, toda vez que, con la reducción del espacio cívico y democrático, y la profundización de los patrones represivos, criminalización y control al movimiento de derechos humanos ha elevado los niveles de riesgo para el ejercicio de su labor; además, se sienta un precedente ante el posible aumento de persecución durante el 2022.
Quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.
Te invitamos a descargar nuestro reporte y conocer los detalles: https://centrodefensores.org.ve/wp-content/uploads/2022/01/CDJInformeAnual2021.pdf
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