Tarek Saab: En 2022 se han registrado 74 casos de acoso escolar en Venezuela

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que durante lo que va del año 2022 se han registrado 74 casos vinculados al acoso escolar en toda Venezuela.

Durante las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación desde el auditorio del Ministerio Público, Saab recordó que “el mes pasado en la Asamblea Nacional presentamos un proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños Niñas y Adolescentes”.

El alto funcionario destacó que el pasado 30 de abril se instruyó “a todos los Fiscales Superiores a atender de manera oportuna y ejemplarizante los casos de acoso escolar que ocurran en sus regiones”.

Sobre la importancia de este tema, detalló que un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura durante el 2019 en 144 países, reveló que uno de cada tres estudiantes fue víctima de este tipo de acoso.

El titular de la acción penal destacó que “los estudiantes víctimas de este flagelo tienen el doble de probabilidades de faltar a las clases y también el doble de probabilidades de tener pensamientos suicidas”, estos y otros síntomas negativos pueden presentarse en las víctimas de este flagelo.

Ante esta situación, el Fiscal General informó sobre tres casos destacados de acoso escolar ocurridos en Distrito Capital, Puerto Ordaz (Bolívar) y Zulia, que se han viralizados en las redes sociales.

“Hemos comenzado a judicializar aquellos casos que hemos conocido en redes sociales, donde se producen daños físicos y emocionales a niños y adolescentes, así como a personas con condiciones especiales, entre ellas con Síndrome de Down”, resaltó Saab.

Caracas

El fiscal general informó sobre un caso ocurrido en el Colegio Teresiano Nuestra Señora de Coromoto, situado en Caracas y detectado el pasado 4 de mayo por medio de un video visto en redes sociales.

En dicho video se podía ver a un adolescente de 15 años que golpeaba repetidamente a otro de la misma edad, por lo que el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 117° del Área Metropolitana de Caracas.

Saab informó que tras los avances de la investigación se determinó que la víctima sufrió contusiones hemática y edematosa en el párpado superior izquierdo, además de una hemorragia subconjuntiva izquierda; por lo que requirió 21 días para su recuperación.

Ante este hecho, el agresor fue imputado el pasado 6 de mayo en sede fiscal por el delito de lesiones intencionales personales graves, previsto y sancionado en el Código Penal.

“Estamos hablando de golpizas salvajes que no pueden quedar impunes porque el agresor tiene responsabilidad penal en tanto es mayor de 14 años. El hecho de que sea menor de edad no lo inhibe de responsabilidad penal; si usted lesiona, fractura, desfigura, agrede físicamente o moralmente a otra persona, el ser menor de edad no lo excluye de su responsabilidad penal”, indicó Saab.

Puerto Ordaz

De igual forma,  informó sobre un caso ocurrido el 27 de abril en el Colegio Loyola Gumilla, donde un joven de 14 años le propinó varios golpes a otro adolescente de 13 años, por lo que se comisionó a la Fiscalía 10° de Bolívar con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes.

A través de la investigación “se pudo determinar que la víctima presentaba contusiones equimóticas y excoriadas distribuidas en la cara lateral izquierda del cuello, región fronto-temporal izquierda y codo izquierdo, teniendo un periodo de curación de aproximadamente dos semanas”, detalló Saab.

Asimismo, el fiscal general indicó que el pasado 3 de mayo se realizó audiencia de imputación en sede fiscal al adolescente agresor por el delito de lesiones intencionales personales, previsto y sancionado en el Código Penal.

“Es importante señalar que la víctima informó a la directora del colegio, quien hizo caso omiso al llamado de ayuda del mencionado adolescente. En tal sentido, se le abrió averiguación penal, tras lo cual fue imputada”, afirmó el titular de la acción penal.

Esta ciudadana fue imputada por el delito de omisión, previsto en el artículo 219 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en concordancia con el artículo 413 de Código Penal y las circunstancias agravantes del artículo 217.

Zulia

Otra caso ocurrió el pasado 4 de mayo en el estado Zulia. Se detectó por medio de un vídeo en redes sociales en el que cinco adolescentes (dos de 15 años, dos de 14 años y una de 13 años), agreden a Ginneth Mas y Rubí Parra de 30 años de edad, quien padece de trastorno de desarrollo intelectual (Síndrome de Down).

Ante esta situación, el Fiscal 31° con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes del mencionado estado, realizó la imputación a dos adolescentes de 14 años de edad, y a una de 15 años de edad el pasado 9 de mayo, por los delitos de lesiones personales intencionales.

Por este mismo caso fue remitida otra adolescente de 13 años de edad al Consejo de Protección competente, mientras que la quinta agresora de 15 años se encuentra evadida del proceso por presuntamente haber sido trasladada a Colombia por sus padres.

Plan Nacional

El Fiscal General indicó que “además de proponer una Ley, estamos ejecutando un Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, llevado a cabo por la Dirección de Protección Integral a la Familia, conjuntamente con las Fiscalías Superiores de todos los estados del país”.

“Las acciones que estamos tomando tienen como objetivo visibilizar este grave problema y dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia ejercida entre adolescentes”, destacó el Saab.

Este plan, que arrancó la semana pasada, continuará todo el año.

Fiscalías especializadas

El alto funcionario aprovechó la oportunidad para anunciar la creación de una fiscalía especializada en temas de la sexodiversidad, adscrita a la Dirección General de los Derechos Humanos.

“Queremos informar que el Ministerio Publico creó la fiscalía 98° Nacional adscrita a la Dirección General de los Derechos Humanos encargada de tratar asuntos relacionados con personas de la sexodiversidad”, afirmó Saab.

Asimismo, informó que esta nueva fiscalía se suma a dos fiscalías laborales (98° y 63° Nacional), la fiscalía agraria (60° Nacional), la fiscalía indígena (91° Nacional) y la fiscalía para la propiedad intelectual (18° Nacional).

“Son bien importantes estos anuncios en materia de derechos humanos atendiendo lo que la sociedad reclama. Con este Ministerio Público habrá justicia y no habrá impunidad para proteger los derechos de todos”, puntualizó el fiscal general.

En juicio dos controladores aéreos

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que Guillermo González y Derbys Rodríguez, controladores aéreos del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), se encuentran en juicio por revelar información confidencial de Estado.

El titular de la acción penal, detalló que el día 20 de mayo de 2020, el coordinador del Área de Trabajo de Tránsito Aéreo del INAC presentó una denuncia ante la Dirección General de Contrainteligencia Militar contra González, por haber publicado información de carácter estrictamente reservado; aprovechándose de su cargo de controlador de tránsito. Por tal motivo resultó aprehendido el 21 de mayo de 2020.

Saab informó que durante la investigación realizada por el Ministerio Público se comprobó que González, durante el mes de abril de 2020, realizó publicaciones en su cuenta pública de Twitter con información confidencial que ponía en riesgo la seguridad de la nación.

En tal sentido, González reveló fotografías y videos referentes a aeronaves, tanto civiles como militares, algunas que cumplían misiones de Estado cuando hacían su llegada o se disponían a despegar, desde la Torre de Control de Tránsito Aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a la cual tenía acceso en razón de su trabajo.

“Si usted tiene ese cargo, ese rango, usted tiene que cumplir con ética, usted tiene que estar atento a la ley y obviamente respetarla, promoverla con sus compañeros y no ser el mal ejemplo”, aseveró Saab.

La máxima autoridad de la institución garante de la legalidad en el país, recordó que de acuerdo con la Ley de Aeronáutica Civil, el INAC, como máxima autoridad aeronáutica de la República, es un ente de seguridad de Estado.

En este sentido, especificó que según el Régimen Especial del Personal del referido organismo, el cargo de controlador de tránsito aéreo es de confianza y su actividad se considera de seguridad de Estado.

“Además, el Régimen Especial del personal establece una prohibición expresa de suministrar información a medios de comunicación relacionados con el funcionamiento del instituto sin previa autorización del Presidente del INAC”, informó Saab.

Igualmente, acotó que en el actual contexto de agresión que vive Venezuela, la información sobre movimientos de aviones civiles y militares nacionales y extranjeros en nuestro territorio resulta extremadamente sensible.

Debido a estas circunstancias, refirió que el 4 de junio de 2020 el director de los Servicios de Navegación Aérea del INAC interpuso una denuncia contra Derbys Rodríguez por su presunta vinculación con González en estas acciones ilegales.

Saab precisó que Rodríguez poseía en su teléfono un informe operacional de los servicios para la navegación aérea venezolana, imágenes sobre espacios del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, reseñas de las funciones y gestión del tránsito aéreo.

Reveló que esta información había sido compartida con un tercero a través correo electrónico en septiembre de 2019.

El fiscal general señaló que por estas acciones a González se le acusó de los delitos de revelación de información confidencial, terrorismo y asociación; mientras que a Rodríguez se le juzga por los delitos de revelación de información confidencial y asociación.

En este sentido, precisó que este caso se encuentra en fase de juicio a la espera de la evacuación de cuatro órganos de prueba.

Saab resaltó que ambos hombres cuentan con derecho pleno a la defensa y que será el juzgado quien decidirá si sus acciones corresponden a delitos que previamente el Ministerio Público ha imputado.

“Cuando alguien asume una profesión y se debe a una institución que forma parte de un ente tan sensible como el de la aeronáutica civil, donde su deber es resguardar para el bien de la nación secretos o actividades confidenciales, violentarlas implicaría agredir toda ética profesional y también las propias leyes de la Republica”, expresó Saab. – #SNNV – #12May  #VenprensaInforma

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