La Fiscalía de Venezuela emitió este lunes nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios argentinos, luego de que la justicia de ese país ordenó arrestar al presidente Nicolás Maduro, investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La justicia venezolana también solicitó el arresto de un grupo de jueces, fiscales y diputados argentinos por su supuesta participación en lo que califica como “robo” de un avión propiedad del Estado venezolano.
El Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitaron órdenes de aprehensión contra el ministro de Seguridad de Buenos Aires y presidente del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, Waldo Wolff; el fiscal general Carlos Stornelli, la secretaria de la Cámara Federal de Buenos Aires, Ana Cristina Juan; el fiscal José Agüero, así como contra los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
De acuerdo con Saab los acusados incurrieron en “usurpación de funciones, abuso de poder, conspiración, vilipendio contra altos funcionarios públicos y asociación para delinquir”.
Sobre la base del principio de la jurisdicción internacional de los DDHH, la semana pasada la justicia argentina formalizó el pedido de captura con fines de extradición contra Maduro y su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad.
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“Ellos no son los jueces del mundo, así como Estados Unidos ha querido convertirse en la policía del mundo, ahora el gobierno facho (de derechas) de Milei quiere ser la justicia del mundo en materia de DDHH”, dijo el fiscal general venezolano en conferencia de prensa, al insistir en que la decisión de la justicia argentina forma parte de un “alineamiento” internacional de gobiernos derechistas contra el Estado venezolano.
Víctimas venezolanas, representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía de ese país solicitaron el arresto de los altos funcionarios venezolanos en medio de una causa abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), reiteró que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se han agravado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La semana pasada la justicia venezolana pidió a la Interpol emitir notificaciones de alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei; la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, por el caso del avión y por haber presuntamente incurrido en crímenes de lesa humanidad.
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Caso del avión
El fiscal también informó que fueron emitidas órdenes de arresto contra Gerardo Milman, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina; el juez Federico Villena; la fiscal federal, Cecilia Incardona; el juez Carlos Vallefin; el juez Roberto Lemus Arias; el diputado Ricardo López; Yamir Santoro; María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información del gobierno del expresidente Mauricio Macri; Leonardo Camiser, abogado patrocinador; Diego Iglesias, fiscal y Franco Rinaldi.
Según Saab son acusados por la presunta comisión de los delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.
Se trata del avión del Estado venezolano, retenido en Argentina desde 2022, durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. Este fue incautado por la justicia estadounidense por presuntamente haber violado “sanciones, leyes de exportaciones” y mantener vínculos con el terrorismo. A inicios de este año fue trasladado a Estados Unidos, donde fue inutilizado.
El Boeing 747, siglas YV3531, operado por la compañía venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, anteriormente era propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air. Su tripulación, integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, fueron momentáneamente detenidos, sometidos a una investigación y posteriormente liberados.
Argentina dijo que ese caso fue resuelto por el Poder Judicial que, insistió, es independiente.
A principios de este mes, el gobierno argentino pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) arrestar a Maduro.
En 2021, la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que según el Estado venezolano nunca han existido.
Frecuentemente los mandatarios de Venezuela y Argentina se atacan verbalmente y las tensiones se agudizaron luego de que, tras cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron como ganador a Maduro en medio de denuncias de fraude. Más tarde el gobierno venezolano decidió romper relaciones diplomáticas con Buenos Aires.
En la residencia de la embajada de Argentina en Venezuela se encuentran asilados seis colaboradores cercanos de la líder opositora, María Corina Machado, acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores.
La sede diplomática, cuya representación y custodia asumió Brasil tras la expulsión de la delegación argentina, ha sido asediada en varias ocasiones por fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado venezolano. VOA– SNNV – #1Oct #VenprensaInforma
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