Los ajustes en bonificaciones decretados por el presidente Nicolás Maduro entre lunes y martes son considerados una “burla” que no se ajustan a la “legalidad” venezolana y que “discrimina” a más de 5 millones 300.000 jubilados y pensionados, coinciden diversos sectores de la sociedad civil venezolana.
William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB), resalta que los anuncios “no se atienen” a la Constitución ni a la Ley del Trabajo. Añade que “no son suficientes” para la sobrevivencia, que “discrimina” a los jubilados y que se orientan a “bonificar” el sueldo.
“No hay un ajuste real del salario ni de los sueldos, eso implica que no tiene incidencia en los bonos vacacionales, en los bonos de fin de año, en la protección social en general. En el caso de los profesores venezolanos, en los aportes que debe haber del Estado al Instituto de Previsión Social para el cuido de la salud y otros beneficios, no tiene incidencia sobre el pago que se hace a las cajas de ahorro, en los sindicatos”, explica a la Voz de América.
Bajo criterio de “indexación”, el denominado bono de guerra que se empezó a pagar a inicios de este año a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 30 dólares mensuales y el bono de alimentación (Cestaticket), con el que los empleados formales pueden comprar alimentos, a 40 dólares, pero no hubo incremento del salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares mensuales, el equivalente a 5,25 dólares a tasa oficial.
Los jubilados y pensionados no gozan del beneficio de Cestaticket.
El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aseguró el martes en Twitter que los jubilados de la administración pública cobrarán el equivalente en bolívares a 49 dólares por concepto de bono de guerra indexado más su jubilación, es decir 130 bolívares o poco más de 5 dólares. Mientras que los pensionados cobrarán el equivalente en bolívares a 20 dólares más pensión, también de 130 bolívares.
José Guerra, economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), afirma que el nuevo monto del denominado bono de guerra es “insignificante”.
“Ahora lo disminuyeron. Lo que sí aumentaron fue el otro bono, el más general que lo cobran a través del sistema patria y que no lo cobran todos”, dijo consultado por VOA.
En abril, el bono que cobraron trabajadores activos era el equivalente a unos 44 dólares, ahora quedó ubicado en 30 dólares.
Muerte del salario mínimo
Para Guerra, también ex gerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela (BCV), en Venezuela “murió” la figura del salario mínimo debido a que el 80% de la remuneración del trabajador son bonos y no salario.
“El salario da lugar a bono vacacional, aguinaldo y al cálculo de prestaciones sociales cuando el trabajador termina su relación laboral y se le calcula su bonificación de retiro sobre la base del salario mínimo. El propósito es bajar los costos laborales al mínimo”, explica.
Guerra insiste en que actualmente el Estado sí tiene los recursos para pagar un “salario decente” de entre 100$ y 150$ mensuales, monto que, afirma, sigue siendo “muy bajo”.
“Esa plata viene de las exportaciones petroleras, incrementadas ahora por el esfuerzo de Chevron, el impuesto no petrolero, el IVA, el impuesto a las grandes transacciones financieras y las exportaciones de otros minerales que hoy está recibiendo el gobierno de Nicolás Maduro”, precisa.
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A pesar de que el artículo 91 de la Constitución establece que los trabajadores tienen derecho a un “salario suficiente” que les permita vivir “con dignidad” y que el Estado debe garantizar “un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”, el último ajuste salarial fue en marzo de 2022.
En ese entonces, el sueldo mínimo que se ubicó en 130 bolívares, era equivalente a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial. Hoy, tras la abrupta devaluación del bolívar a finales del año pasado e inicios del 2023, escasamente sobrepasa los 5 dólares. Pero para adquirir la canasta alimentaria familiar, en marzo se necesitaban 510,88 dólares según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Maduro pidió a los trabajadores “resistir con fuerza” hasta que se logre la “recuperación total del salario” y atribuyó la falta de recursos a las sanciones de la comunidad internacional y a la trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela y otras empresas del Estado.
Las voces críticas, incluso de personalidades provenientes de las filas del gobierno, se replicaron en redes sociales.
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María Alejandra Díaz, abogada y ex constituyente de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que ha ocupado cargos en instituciones públicas como Venezolana de Televisión, el canal del Estado, cuestionó la propuesta del gobierno.
“Si bien es cierto que aumentaron los Cestaticket los jubilados y pensionados que dependen de la administración pública, que entregaron su vida a la administración pública desafortunadamente no van a recibir aumento, no hay aumento de salario real (…) no es el bloqueo sino el saqueo (…) es un engaño total al pueblo venezolano”, dijo en un video divulgado en Twitter.
Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que, años atrás se desligó del gobierno, calificó los anuncios como un “nuevo y descarado fraude” que demuestra el carácter “anti obrero y antipopular de su política”.
“El gobierno de las élites mafiosas, parasitarias y corruptas que encabeza Nicolás Maduro está jugando con fuego al negarle al pueblo trabajador la justa demanda de aumento de salarios y pensiones indexados a la canasta básica, tal como ordena el art 91 de la Constitución”, escribió en Twitter. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA)
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