Después de 16 años de proceso judicial, restricciones y denuncias de persecución, la justicia venezolana cerró definitivamente el caso contra la jueza María Lourdes Afiuni y le otorgó libertad plena, según informó su familia.
En un comunicado, su hermano Nelson Afiuni y la abogada Thelma Fernández señalaron que la decisión pone fin a un expediente que, afirmaron, “nunca debió existir” y que durante años estuvo marcado por graves violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.
Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 luego de otorgar libertad bajo fianza a un banquero. Tras esa decisión, el fallecido Hugo Chávez pidió públicamente que se le impusiera la pena máxima de 30 años de cárcel, hecho que convirtió su caso en uno de los símbolos más conocidos del deterioro de la independencia judicial en Venezuela.
La jueza estuvo en prisión hasta 2011, luego pasó a arresto domiciliario y en 2013 obtuvo libertad condicional. En 2019 fue condenada a cinco años por “corrupción espiritual”, una figura cuestionada por su defensa, al no existir beneficio económico reconocido.
Hasta ahora, Afiuni permanecía bajo medidas que le impedían salir de la ciudad, hablar con la prensa, expresarse en redes sociales, votar, obtener pasaporte y ejercer derechos políticos.
Su familia aseguró que el cierre del caso no borra el sufrimiento vivido ni repara por sí solo los daños causados, pero representa el final de un largo capítulo de persecución.
El caso Afiuni queda como una advertencia para Venezuela y la región sobre el riesgo de usar el sistema de justicia como herramienta de represalia contra jueces que actúan con independencia.
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