La tensión diplomática entre Trinidad y Tobago y la administración Maduro, empieza a impactar directamente a la comunidad migrante venezolana radicada en el país caribeño.
En las últimas semanas, el gobierno trinitense redujo en un 82% la aprobación de permisos de trabajo para ciudadanos venezolanos, una decisión que ha encendido las alarmas entre trabajadores, familias y organizaciones humanitarias que brindan apoyo a migrantes en la región.
La abrupta disminución de permisos laborales coloca a miles de venezolanos en un escenario crítico de inseguridad económica, irregularidad migratoria y vulnerabilidad social, especialmente en un país donde los controles migratorios suelen ser estrictos y las sanciones por permanencia ilegal pueden incluir detenciones, deportaciones y separación familiar.
Según fuentes consultadas por medios locales, la medida coincide con el deterioro de las relaciones bilaterales tras recientes declaraciones cruzadas entre autoridades de Puerto España y Caracas. Analistas consideran que el gobierno de Trinidad y Tobago estaría utilizando la política migratoria como mecanismo de presión diplomática, en un contexto marcado por disputas energéticas, acuerdos gasíferos y tensiones regionales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que esta reducción masiva impacta de forma directa a la población venezolana que huyó de la crisis buscando estabilidad laboral en el Caribe. Muchas familias dependen de empleos en sectores como construcción, servicios, pesca, comercio informal y doméstico, por lo que la reducción de permisos podría generar un aumento de trabajo ilegal, explotación laboral y trata de personas.
Expertos en migración señalan que Trinidad y Tobago ha sido, desde 2016, uno de los destinos más cercanos para quienes huyen de la situación económica de Venezuela debido a su cercanía marítima. Sin embargo, también ha sido uno de los países más cuestionados por su «trato inhumano y cruel» según denuncias, hacia migrantes venezolanos, especialmente tras casos de deportaciones de niños, balseros desaparecidos, y denuncias de multiples abusos en centros de detención.
La comunidad venezolana en Trinidad y Tobago espera que se retomen canales diplomáticos y que se revise esta medida que afecta el sustento y la estabilidad de miles de familias que intentan rehacer su vida fuera de Venezuela.
Montaje, Edición y Redacción: #SNNV – #3Nov
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