Funcionarios de la administración Biden viajarán a Barbados «en las próximas horas» para reunirse con enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, confirmaron fuentes estadounidenses a la Voz de América.
Más temprano el lunes, el diario The Washington Post informó, citando sus propias fuentes, que el gobierno de Joe Biden habría llegado a un acuerdo con las autoridades y las oposición venezolanas que aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela.
La condición del acuerdo es que el gobierno de Maduro garantice la celebración en 2024 de elecciones presidenciales competitivas y monitoreadas internacionalmente, informó el The Washington Post.
Gobierno y oposición de Venezuela anuncian regreso a la mesa de negociaciones
En un comunicado conjunto divulgado en la red social X el gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela informaron que se reanuda el martes 17 de octubre las negociaciones en la ciudad de Bridgetown, en Barbados.
Fuentes cercanas a la negociación dijeron también a la VOA que se espera que en Barbados el gobierno y la oposición de Venezuela firmarán un acuerdo que contempla condiciones electorales a cambio de la liberación de sanciones a la industria petrolera.
A comienzos de este mes, los gobiernos de Venezuela y EEUU anunciaron un acuerdo para la deportación de venezolanos que no tengan base legal para permanecer en EEUU, directamente a Venezuela.
Entre Miraflores y la Casa Blanca se abrió un canal directo que condujo, a principios de octubre del 2022, al intercambio de 7 ciudadanos estadounidenses que estuvieron “injustamente” encarcelados en Venezuela, por los 2 sobrinos de la esposa de Maduro, que estuvieron detenidos en EEUU por delitos de narcotráfico.
Previamente, en 2021, el Departamento del Tesoro de EEUU removió de su lista de sancionados a Carlos Erik Malpica Flores, ex vicepresidente de finanzas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sobrino de la esposa de Maduro.
Junto a otros 13 funcionarios de alto rango del gobierno venezolano, Malpica Flores ingresó a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) por sus siglas en inglés, en julio del 2017.
El oficialismo y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en noviembre del año pasado, en México, un acuerdo para crear un Fondo de 3.000 millones de dólares para la Atención Social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, que debe ser administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero los fondos no han sido liberados.
En varias ocasiones Maduro dijo no tener “motivación” para volver a la mesa de diálogo, y acusó a la oposición de no cumplir con el acuerdo firmado en México.
Su gobierno condicionó el regreso a la mesa de diálogo a la liberación de los fondos, el levantamiento de sanciones, la libertad del empresario colombiano Alex Saab y el cese de “políticas de ataques” a través de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya fiscalía, en junio, obtuvo autorización para reiniciar la investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La oposición ha negado un incumplimiento del acuerdo, ha insistido en que no se establecieron lapsos para la liberación de recursos y ha advertido que es necesario que se lleve a cabo un trabajo conjunto para buscar soluciones a problemas “jurídicos previsibles”.
[Noticia en desarrollo] Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) #SNNV – #16Oct #VenprensaInforma
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