Un tribunal de Venezuela admitió la solicitud de la fiscalía y acusó a 33 hombres detenidos el fin de semana en una redada por presuntamente participar en una “fiesta sexual” en un club privado LGBTIQ+, de supuestamente haber cometido los delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y contaminación sónica”.
Treinta de los hombres fueron excarcelados con régimen de presentación en tribunales y tres de ellos (el encargado y dos masajistas) permanecen detenidos y sólo podrán salir presentando fiadores, denunció el Observatorio de Violencias LGBTIQ+ (OVVLGBTIQ) el miércoles por la noche.
La detención ocurrió el domingo, tras una “denuncia anónima”, en un club con saunas en Valencia, estado Carabobo, a unos 170 kilómetros al suroeste de Caracas.
Activistas y organizaciones defensoras de DDHH, entre ellas Amnistía Internacional condenaron las detenciones y denunciaron que los detenidos fueron sometidos al escarnio público.
“No hay fundamento para los delitos de los que se les acusa. Esto es homofobia de Estado ejecutada por los tribunales y la Fiscalía. Una injusticia enmarcada por los prejuicios y las alianzas políticas con grupos antiderechos”, denunció Yendri Velásquez, una de las caras más visibles de grupos defensores de DDHH de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela y miembro del OVVLGBTIQ.
Eduardo Franco presidente de la red Venezolana de Gente Positiva y de la Fundación Manos Amigas @fundacionmavid relató el martes en la noche los hechos que rodeaban el retraso del caso, justo frente al Palacio de Justicia de Valencia.
Ese día pasadas las 11.40 de la noche de este martes 25 de julio, aún no se presentaron los jueces ni fiscales del Ministerio Público para la el acto de presentación de cargos a los señalados, decenas de personas, familiares, activistas de DDHH y abogados, se mantuvieron hasta altas horas de la noche frente al lugar, a la espera de una decisión del poder judicial carabobeño
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Tras la detención, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) divulgó fotografías e identificación de los hombres, sometiéndolos al “escarnio”.
Abogados como Zair Mundaray, ex fiscal del Ministerio Público explican que participar en una fiesta con actividad sexual “no constituye delito mientras los que participen sean adultos y estén ahí voluntariamente”.
“El delito en todo caso es el que comete la policía al privarlos ilegítimamente de la libertad y exponerlos a la opinión pública”, escribió en Twitter.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, una de las ONG defensoras de DDHH más antiguas de Venezuela, considera que la detención es un “gesto de buena voluntad del gobierno frente a su base electoral evangélica, que necesitan movilizada en los próximos meses”.
A principios de este año el gobierno ha mostrado acercamiento y la activación de planes para apoyar a la Iglesia Evangélica, en medio de la marcada conflictividad con la Iglesia Católica venezolana que ha sido crítica de las acciones gubernamentales.
En varias ocasiones, activistas y organizaciones defensoras de derechos fundamentales han denunciado que Venezuela presenta importantes “atrasos” con respecto al resto de la región en materia de derechos para la comunidad LGBTI.
Durante su más reciente actualización oral, el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (ACNUCH), Volker Türk, alentó al Estado venezolano a tomar medidas para promover los derechos de las personas LGBTIQ+. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA)
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