Quedarse en casa aumentó el riesgo de sufrir violencia

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, investigadores y autoridades consultadas para esta investigación advierten un incremento en los niveles de crueldad y letalidad por parte del agresor en contra de las mujeres

Mientras el mundo batalla contra el nuevo coronavirus, otra guerra se libra en los cuerpos de las mujeres en un escenario que debería protegerlas: el hogar. Sin embargo, como un virus que se expande sin control y con pocas medidas para contenerlo, la violencia doméstica basada en género está acabando con la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el mundo sin importar su origen, credo, condición social u orientación sexual. Esto que la ONU llama “la pandemia en la sombra” es el terror que se vive en silencio.

Antes que la humanidad quedara confinada por la propagación del coronavirus, una de cada tres mujeres sufrió violencia a lo largo de su vida, según datos del organismo.

Los resultados de los estudios señalan que alrededor de 243 millones de mujeres, entre 15 a 49 años, padecieron violencia sexual o física por parte de su pareja en el último año, “una violación de los derechos humanos que también conlleva un costo económico de 1,5 billones de dólares”, afirma ONU Mujeres.

Así que cuando los Estados respondieron a la emergencia sanitaria mundial y pidieron a la población quedarse en casa para evitar contagiarse por el COVID 19, olvidaron las alarmantes cifras oficiales y llamados de las organizaciones de la sociedad civil, quienes advertían que el hogar sigue siendo el lugar más inseguro.

Desde el confinamiento mujeres y hombres fueron afectados por mayores niveles de ansiedad y depresión, tal como lo advierten especialistas consultados en esta investigación. En el caso de las mujeres, la vulnerabilidad fue mayor. Las víctimas quedaron atrapadas con su agresor en ambientes que se hicieron cada vez más hostiles y conflictivos.

En consecuencia, la violencia se intensificó y las denuncias o llamadas relacionadas con violencia doméstica se incrementaron, de manera dramática, a medida que las economías colapsaron y el desempleo creció en el mundo. La situación también aumentó dramáticamente para los sectores más empobrecidos de la sociedad que se quedaron sin la garantía de un sustento diario en el caso de América Latina.

Violencia en el mundo

Los primeros reportes de violencia de género registrados desde el mes de marzo en países de Europa, como Reino Unido, reportaron un aumento de 65% de las llamadas de emergencia solo en un fin de semana. Una situación muy similar a lo vivido en Francia, Alemania y en otros continentes como reportó la ONU.

Como efecto dominó, el aislamiento obligatorio en la mayoría de los países de Latinoamérica significó un incremento de la carga de trabajo en los hogares, aunado al cierre de escuelas y de las afectaciones de los diversos sectores de la economía. En particular para las mujeres en la región, quienes antes dedicaban entre 22 y 42 horas semanales a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Ahora en casa dedican el triple del tiempo que hacen los hombres a las mismas tareas, de acuerdo con el informe La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bajo este escenario se dieron situaciones de violencia que, posteriormente, escalaron a niveles mortales, donde agresores y feminicidas fueron principalmente parejas o exparejas de las víctimas en la mayoría de los países latinoamericanos.

“En Ecuador, Uruguay y Perú este tipo de femicidios supera 85% del total en el país”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL en el informe América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales e impacto en la vida de las mujeres.

Respuestas de los Estados

Durante el confinamiento mundial los Estados pusieron en marcha la reactivación de servicios permanentes las 24 horas del día, y siete días a la semana, para brindar apoyo psicológico y legal a las mujeres tanto de manera virtual como telefónica.  Sin embargo, los datos recabados en esta investigación muestran que la mayoría de los poderes ejecutivos dieron prioridad a la atención de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, por encima de los riesgos que enfrentaban mujeres, niñas y adolescentes durante la aplicación de las medidas de aislamiento obligatorio.

La mayoría de las decisiones para crear algunas estrategias que atendieran de manera más oportuna a las víctimas se dieron, luego de los primeros reportes de violencia en países como Argentina y Chile. En otros fue evidente la ausencia de planes especiales.

De allí el llamado de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, quien exhortó a los Estados a tratar el tema de la violencia de género como un asunto de salud pública con la misma importancia con la que se atiende la otra pandemia: el coronavirus. La advertencia tenía como antecedente la experiencia de otras crisis sanitarias en el pasado como por ejemplo, lo sucedido durante la crisis del Ébola en África, donde mujeres y niñas experimentaron mayores tasas de violencia física y psicológica en el seno de sus familias, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

António Guterres, secretario del organismo, manifestó su preocupación por el “estremecedor repunte global de la violencia doméstica” y por el número de “centros para víctimas de violencia de género cerrados”. En consecuencia, “instó a todos los gobiernos a que la prevención y la reparación en los casos de violencia contra las mujeres sean una parte vital de sus planes nacionales de respuesta contra el COVID-19”, así como asegurar “que los sistemas judiciales sigan enjuiciando a los maltratadores”.

Agresores fueron más crueles

Investigadores, autoridades, académicos y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer consultadas para esta investigación coinciden en que los diversos casos de violencia registrados en la cuarentena mundial muestran un aumento de la crueldad y letalidad de los agresores en contra de las mujeres por su condición de género.

“Es un incremento que hemos visto como el extremo de la violencia, de someter a la otra persona a un tratamiento violento sobre su cuerpo, hacerle padecer torturas o ponerlas en una bolsa de residuos, porque tiene que ver con la forma en que el agresor considera a las víctimas como un desecho”, indicó Marta Fernández Boccardo, autora del libro Mujeres que callan y efectos en la subjetividad femenina.

A juicio de Fernández Boccardo, especialista en temas de género, el escenario empeoró para las familias y parejas con antecedentes de conflictos, quienes fueron sorprendidos por la pandemia.

Algunos indicadores reportados en la investigación

En países como Puerto Rico, Colombia y México las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres han insistido, en años anteriores, en pedir que se declare la emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, para exigir políticas públicas que aborden de manera contundente las denuncias de abuso sexual, trata de mujeres, desapariciones, entre otras múltiples formas de violencia.

Entre los datos recopilados en esta investigación realizada en 20 países de habla hispana y Brasil se detalla el aumento de las denuncias por abusos sexuales contra menores de edad en países como Cuba, Perú y Colombia. En especial, hacia poblaciones pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y en edades menores de 15 años.

Tal como lo señala la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en su informe COVID-19 en la vida de las mujeres, “el confinamiento hace que las niñas estén más expuestas al abuso y la violencia, a lo que se adiciona el riesgo de abandono y exclusión escolar post pandemia”.

Los reportes diarios de abusos sexuales dentro de las parejas fueron muy frecuentes en Costa Rica, según datos de la organización Casa de la Mujer, una ONG que brinda apoyo a víctimas en ese país.

En Brasil, expertas observaron un mayor grado de letalidad en los ataques con “armas blancas” en momentos de confinamiento. El uso de cuchillos, tijeras, dagas y objetos de perforación de una manera más cruel por parte del agresor, fueron frecuentes en los casos que recibió el Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Río de Janeiro y también instituciones y ONG defensoras.

En México, mientras el Ejecutivo aseguraba que la violencia machista se había reducido en el tiempo de aislamiento, las organizaciones reclamaron por la muerte violenta de 1.641 mujeres, de las cuales el Estado reconoce solo 211 feminicidios entre marzo y mayo de 2020 por las diferencias en los criterios legales que imperan en cada entidad del país, al momento de tipificar este delito.

Otra de las situaciones que se vivieron en la cuarentena fue la pérdida de espacios que las mujeres habían conquistado en el pasado como ocurrió con casas de refugio en Bolivia, en Santa Cruz, destinadas para brindar asistencia a mujeres víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus parejas. En cuarentena, el lugar fue sustituido para brindar atención a personas afectadas por el COVID-19.

La aplicación de las medidas de aislamiento obligatorio impuestas por las autoridades que restringen la movilidad de las personas incluso por género, día y hora como en el caso de Panamá, donde las mujeres solo podían salir determinados días y horas, dejó a muchas en casa golpeadas y confinadas junto a su agresor, porque no le correspondía salir ese día.

En Argentina, donde se contabilizaron 82 asesinatos hasta finales de junio, según las organizaciones Mujeres de Negro y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), las víctimas fueron afectadas por la falta de refugios temporales.

En Puerto Rico, Cuba y Chile, además de otros países, organizaciones de mujeres registraron casos de violencia obstétrica en contra de embarazadas que quedaron incomunicadas y a quienes se le obligó a tener sus partos sin la compañía de algún familiar, como consecuencia de las medidas sanitarias aplicadas por la emergencia.

En España, de acuerdo con el Ministerio de Igualdad durante el estado de alarma —entre el 14 de marzo y el 31 de mayo— las llamadas de ayuda recibidas a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género registraron un alza de 41.4%, con respecto al mismo periodo de 2019 y las consultas online por correo electrónico se han incrementado un 450.5 %.

En Guatemala, datos del Observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez evidencian que entre enero y junio de 2020, fueron asesinadas en el país 54 niñas. Entre ellas 24 por armas de fuego, 18 ahorcadas, seis asesinadas por arma blanca; tres niñas decapitadas y otras tres estranguladas.

En Honduras, la recientes reformas al Código Penal para reducir las penas de algunos delitos como el femicidio y la violencia doméstica mantienen encendido el debate en la opinión pública en un país que en 2019 cerró con 390 femicidios, según organizaciones de la sociedad civil.

El confinamiento tampoco impidió que las mujeres venezolanas siguieran expuestas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en especial, migrantes que se han movilizado huyendo de la crisis en su país, a merced de grupos irregulares armados que operan del lado venezolano, aún sin identificar, de acuerdo con datos de Observatorio de Género del Norte de Santander, en Colombia, y otras organizaciones que atienden a comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Estos datos y más son algunos de los hallazgos que dejó esta investigación realizada en 21 países durante la cuarentena mundial.

La investigación

Violencia contra las mujeres: la pandemia invisible es una investigación transnacional y colaborativa que abarca a 20 países de habla hispana y Brasil.

Al respecto, se reconoce que dentro de las violencias basadas en género que sufren miles de mujeres y niñas se incluyen a mujeres transgénero y personas intersex. Sin embargo, en el caso de este estudio la investigación se delimita hacia la situación padecida por las mujeres en el entorno familiar.

El estudio considera como violencia en contra de las mujeres todos aquellos actos que menoscaben o transgredan la integridad física, moral, psicológica, sexual y patrimonial de las mujeres, niñas y adolescentes durante el tiempo de confinamiento mundial.

Para ello, se valoraron las muertes de mujeres que perdieron la vida de forma violenta, de acuerdo con el reconocimiento que hacen las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en cada país y en contraste con los datos que los Estados recogen al evaluar los feminicidios, en correspondencia con el marco jurídico de cada país.

Dentro de las violencias descritas en esta investigación que abarcan la física, psicológica, sexual, económica o patrimonial también fueron valoradas otras como la violencia obstétrica que la sufren las mujeres durante el tiempo de maternidad. De igual forma, la violencia política que impide a las mujeres ejercer sus derechos políticos en libertad; la violencia religiosa descrita por algunas organizaciones defensoras como el acoso, hostigamiento y persecución en contra de las mujeres por sus creencias religiosas y la violencia institucional que, a criterio de las organizaciones civiles, la ejerce el Estado por omisión o por tratos de forma abusiva cometidos por  funcionarios públicos. 

Los testimonios

Esta investigación ofrece un retrato periodístico de lo ocurrido en el tiempo de cuarentena mundial respecto a la violencia contra las mujeres. Los testimonios que se relatan se hicieron con el objetivo de proteger la dignidad e integridad de las víctimas y sobrevivientes. Por tal motivo, se reservan los nombres, apellidos y ubicaciones más específicas sobre las afectadas. A excepción de los casos de feminicidios que han sido públicos y notorios, cuyos testimonios incluyen entrevistas a familiares y conocidos de las víctimas.

Los nombres descritos son seudónimos para proteger la confidencialidad de las víctimas. También en algunos casos, por petición de las organizaciones, se reserva el nombre de las instituciones que les brindaron apoyo o llevan sus expedientes en la actualidad.

Los datos

La ausencia de cifras oficiales sobre la situación de violencia en contra de las mujeres es una deuda institucional que mantienen los Estados con las víctimas y organizaciones que las defienden. Son estas quienes alertan que muchas de las violencias que ocurren quedan por fuera y en subregistros.

En primer lugar, porque son pocas las víctimas que se atreven a denunciar o buscar ayuda: menos del 40%. Mientras que quienes sí deciden hacerlo representan menos de 10% que acuden a la policía. En segundo aspecto, por las propias trabas en las instituciones para investigar y publicar los reportes oficiales, de manera actualizada.

En aquellos países donde existe acceso a la información pública las cifras fueron comparadas con el registro que también llevan las organizaciones civiles, quienes en determinadas situaciones consideran casos de violencia como femicidios o intentos de femicidios cuando se atenta contra la vida de una mujer, pero que para algunas instituciones pueden tratarse solo de homicidios o lesiones leves, tal como ocurre en Perú o en México, entre otros países.

Por su parte, en los Estados sin acceso a la información libre el diagnóstico de la situación se apoyó en los datos recopilados por diversas ONG que tratan temas de violencia relacionados a la mujer. 

El equipo

Esta investigación reunió a un equipo profesional en el área de la comunicación conformado por 36 personas, quienes se capacitaron en violencia de género y machista para el abordaje de la información. Entre ellos se encuentran periodistas (26), ilustradores (6) e infógrafos (4), quienes trabajaron de manera colaborativa desde 14 países.

Quedarse en casa aumentó el riesgo de sufrir violencia

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, investigadores y autoridades consultadas para esta investigación advierten un incremento en los niveles de crueldad y letalidad por parte del agresor en contra de las mujeres

Mientras el mundo batalla contra el nuevo coronavirus, otra guerra se libra en los cuerpos de las mujeres en un escenario que debería protegerlas: el hogar. Sin embargo, como un virus que se expande sin control y con pocas medidas para contenerlo, la violencia doméstica basada en género está acabando con la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el mundo sin importar su origen, credo, condición social u orientación sexual. Esto que la ONU llama “la pandemia en la sombra” es el terror que se vive en silencio.

Antes que la humanidad quedara confinada por la propagación del coronavirus, una de cada tres mujeres sufrió violencia a lo largo de su vida, según datos del organismo.

Los resultados de los estudios señalan que alrededor de 243 millones de mujeres, entre 15 a 49 años, padecieron violencia sexual o física por parte de su pareja en el último año, “una violación de los derechos humanos que también conlleva un costo económico de 1,5 billones de dólares”, afirma ONU Mujeres.

Así que cuando los Estados respondieron a la emergencia sanitaria mundial y pidieron a la población quedarse en casa para evitar contagiarse por el COVID 19, olvidaron las alarmantes cifras oficiales y llamados de las organizaciones de la sociedad civil, quienes advertían que el hogar sigue siendo el lugar más inseguro.

Desde el confinamiento mujeres y hombres fueron afectados por mayores niveles de ansiedad y depresión, tal como lo advierten especialistas consultados en esta investigación. En el caso de las mujeres, la vulnerabilidad fue mayor. Las víctimas quedaron atrapadas con su agresor en ambientes que se hicieron cada vez más hostiles y conflictivos.

En consecuencia, la violencia se intensificó y las denuncias o llamadas relacionadas con violencia doméstica se incrementaron, de manera dramática, a medida que las economías colapsaron y el desempleo creció en el mundo. La situación también aumentó dramáticamente para los sectores más empobrecidos de la sociedad que se quedaron sin la garantía de un sustento diario en el caso de América Latina.

Violencia en el mundo

Los primeros reportes de violencia de género registrados desde el mes de marzo en países de Europa, como Reino Unido, reportaron un aumento de 65% de las llamadas de emergencia solo en un fin de semana. Una situación muy similar a lo vivido en Francia, Alemania y en otros continentes como reportó la ONU.

Como efecto dominó, el aislamiento obligatorio en la mayoría de los países de Latinoamérica significó un incremento de la carga de trabajo en los hogares, aunado al cierre de escuelas y de las afectaciones de los diversos sectores de la economía. En particular para las mujeres en la región, quienes antes dedicaban entre 22 y 42 horas semanales a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Ahora en casa dedican el triple del tiempo que hacen los hombres a las mismas tareas, de acuerdo con el informe La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bajo este escenario se dieron situaciones de violencia que, posteriormente, escalaron a niveles mortales, donde agresores y feminicidas fueron principalmente parejas o exparejas de las víctimas en la mayoría de los países latinoamericanos.

“En Ecuador, Uruguay y Perú este tipo de femicidios supera 85% del total en el país”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL en el informe América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales e impacto en la vida de las mujeres.

Respuestas de los Estados

Durante el confinamiento mundial los Estados pusieron en marcha la reactivación de servicios permanentes las 24 horas del día, y siete días a la semana, para brindar apoyo psicológico y legal a las mujeres tanto de manera virtual como telefónica.  Sin embargo, los datos recabados en esta investigación muestran que la mayoría de los poderes ejecutivos dieron prioridad a la atención de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, por encima de los riesgos que enfrentaban mujeres, niñas y adolescentes durante la aplicación de las medidas de aislamiento obligatorio.

La mayoría de las decisiones para crear algunas estrategias que atendieran de manera más oportuna a las víctimas se dieron, luego de los primeros reportes de violencia en países como Argentina y Chile. En otros fue evidente la ausencia de planes especiales.

De allí el llamado de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, quien exhortó a los Estados a tratar el tema de la violencia de género como un asunto de salud pública con la misma importancia con la que se atiende la otra pandemia: el coronavirus. La advertencia tenía como antecedente la experiencia de otras crisis sanitarias en el pasado como por ejemplo, lo sucedido durante la crisis del Ébola en África, donde mujeres y niñas experimentaron mayores tasas de violencia física y psicológica en el seno de sus familias, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

António Guterres, secretario del organismo, manifestó su preocupación por el “estremecedor repunte global de la violencia doméstica” y por el número de “centros para víctimas de violencia de género cerrados”. En consecuencia, “instó a todos los gobiernos a que la prevención y la reparación en los casos de violencia contra las mujeres sean una parte vital de sus planes nacionales de respuesta contra el COVID-19”, así como asegurar “que los sistemas judiciales sigan enjuiciando a los maltratadores”.

Agresores fueron más crueles

Investigadores, autoridades, académicos y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer consultadas para esta investigación coinciden en que los diversos casos de violencia registrados en la cuarentena mundial muestran un aumento de la crueldad y letalidad de los agresores en contra de las mujeres por su condición de género.

“Es un incremento que hemos visto como el extremo de la violencia, de someter a la otra persona a un tratamiento violento sobre su cuerpo, hacerle padecer torturas o ponerlas en una bolsa de residuos, porque tiene que ver con la forma en que el agresor considera a las víctimas como un desecho”, indicó Marta Fernández Boccardo, autora del libro Mujeres que callan y efectos en la subjetividad femenina.

A juicio de Fernández Boccardo, especialista en temas de género, el escenario empeoró para las familias y parejas con antecedentes de conflictos, quienes fueron sorprendidos por la pandemia.

Algunos indicadores reportados en la investigación

En países como Puerto Rico, Colombia y México las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres han insistido, en años anteriores, en pedir que se declare la emergencia nacional por la violencia contra las mujeres, para exigir políticas públicas que aborden de manera contundente las denuncias de abuso sexual, trata de mujeres, desapariciones, entre otras múltiples formas de violencia.

Entre los datos recopilados en esta investigación realizada en 20 países de habla hispana y Brasil se detalla el aumento de las denuncias por abusos sexuales contra menores de edad en países como Cuba, Perú y Colombia. En especial, hacia poblaciones pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y en edades menores de 15 años.

Tal como lo señala la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en su informe COVID-19 en la vida de las mujeres, “el confinamiento hace que las niñas estén más expuestas al abuso y la violencia, a lo que se adiciona el riesgo de abandono y exclusión escolar post pandemia”.

Los reportes diarios de abusos sexuales dentro de las parejas fueron muy frecuentes en Costa Rica, según datos de la organización Casa de la Mujer, una ONG que brinda apoyo a víctimas en ese país.

En Brasil, expertas observaron un mayor grado de letalidad en los ataques con “armas blancas” en momentos de confinamiento. El uso de cuchillos, tijeras, dagas y objetos de perforación de una manera más cruel por parte del agresor, fueron frecuentes en los casos que recibió el Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Río de Janeiro y también instituciones y ONG defensoras.

En México, mientras el Ejecutivo aseguraba que la violencia machista se había reducido en el tiempo de aislamiento, las organizaciones reclamaron por la muerte violenta de 1.641 mujeres, de las cuales el Estado reconoce solo 211 feminicidios entre marzo y mayo de 2020 por las diferencias en los criterios legales que imperan en cada entidad del país, al momento de tipificar este delito.

Otra de las situaciones que se vivieron en la cuarentena fue la pérdida de espacios que las mujeres habían conquistado en el pasado como ocurrió con casas de refugio en Bolivia, en Santa Cruz, destinadas para brindar asistencia a mujeres víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus parejas. En cuarentena, el lugar fue sustituido para brindar atención a personas afectadas por el COVID-19.

La aplicación de las medidas de aislamiento obligatorio impuestas por las autoridades que restringen la movilidad de las personas incluso por género, día y hora como en el caso de Panamá, donde las mujeres solo podían salir determinados días y horas, dejó a muchas en casa golpeadas y confinadas junto a su agresor, porque no le correspondía salir ese día.

En Argentina, donde se contabilizaron 82 asesinatos hasta finales de junio, según las organizaciones Mujeres de Negro y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), las víctimas fueron afectadas por la falta de refugios temporales.

En Puerto Rico, Cuba y Chile, además de otros países, organizaciones de mujeres registraron casos de violencia obstétrica en contra de embarazadas que quedaron incomunicadas y a quienes se le obligó a tener sus partos sin la compañía de algún familiar, como consecuencia de las medidas sanitarias aplicadas por la emergencia.

En España, de acuerdo con el Ministerio de Igualdad durante el estado de alarma —entre el 14 de marzo y el 31 de mayo— las llamadas de ayuda recibidas a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género registraron un alza de 41.4%, con respecto al mismo periodo de 2019 y las consultas online por correo electrónico se han incrementado un 450.5 %.

En Guatemala, datos del Observatorio de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez evidencian que entre enero y junio de 2020, fueron asesinadas en el país 54 niñas. Entre ellas 24 por armas de fuego, 18 ahorcadas, seis asesinadas por arma blanca; tres niñas decapitadas y otras tres estranguladas.

En Honduras, la recientes reformas al Código Penal para reducir las penas de algunos delitos como el femicidio y la violencia doméstica mantienen encendido el debate en la opinión pública en un país que en 2019 cerró con 390 femicidios, según organizaciones de la sociedad civil.

El confinamiento tampoco impidió que las mujeres venezolanas siguieran expuestas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en especial, migrantes que se han movilizado huyendo de la crisis en su país, a merced de grupos irregulares armados que operan del lado venezolano, aún sin identificar, de acuerdo con datos de Observatorio de Género del Norte de Santander, en Colombia, y otras organizaciones que atienden a comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Estos datos y más son algunos de los hallazgos que dejó esta investigación realizada en 21 países durante la cuarentena mundial.

La investigación

Violencia contra las mujeres: la pandemia invisible es una investigación transnacional y colaborativa que abarca a 20 países de habla hispana y Brasil.

Al respecto, se reconoce que dentro de las violencias basadas en género que sufren miles de mujeres y niñas se incluyen a mujeres transgénero y personas intersex. Sin embargo, en el caso de este estudio la investigación se delimita hacia la situación padecida por las mujeres en el entorno familiar.

El estudio considera como violencia en contra de las mujeres todos aquellos actos que menoscaben o transgredan la integridad física, moral, psicológica, sexual y patrimonial de las mujeres, niñas y adolescentes durante el tiempo de confinamiento mundial.

Para ello, se valoraron las muertes de mujeres que perdieron la vida de forma violenta, de acuerdo con el reconocimiento que hacen las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en cada país y en contraste con los datos que los Estados recogen al evaluar los feminicidios, en correspondencia con el marco jurídico de cada país.

Dentro de las violencias descritas en esta investigación que abarcan la física, psicológica, sexual, económica o patrimonial también fueron valoradas otras como la violencia obstétrica que la sufren las mujeres durante el tiempo de maternidad. De igual forma, la violencia política que impide a las mujeres ejercer sus derechos políticos en libertad; la violencia religiosa descrita por algunas organizaciones defensoras como el acoso, hostigamiento y persecución en contra de las mujeres por sus creencias religiosas y la violencia institucional que, a criterio de las organizaciones civiles, la ejerce el Estado por omisión o por tratos de forma abusiva cometidos por  funcionarios públicos. 

Los testimonios

Esta investigación ofrece un retrato periodístico de lo ocurrido en el tiempo de cuarentena mundial respecto a la violencia contra las mujeres. Los testimonios que se relatan se hicieron con el objetivo de proteger la dignidad e integridad de las víctimas y sobrevivientes. Por tal motivo, se reservan los nombres, apellidos y ubicaciones más específicas sobre las afectadas. A excepción de los casos de feminicidios que han sido públicos y notorios, cuyos testimonios incluyen entrevistas a familiares y conocidos de las víctimas.

Los nombres descritos son seudónimos para proteger la confidencialidad de las víctimas. También en algunos casos, por petición de las organizaciones, se reserva el nombre de las instituciones que les brindaron apoyo o llevan sus expedientes en la actualidad.

Los datos

La ausencia de cifras oficiales sobre la situación de violencia en contra de las mujeres es una deuda institucional que mantienen los Estados con las víctimas y organizaciones que las defienden. Son estas quienes alertan que muchas de las violencias que ocurren quedan por fuera y en subregistros.

En primer lugar, porque son pocas las víctimas que se atreven a denunciar o buscar ayuda: menos del 40%. Mientras que quienes sí deciden hacerlo representan menos de 10% que acuden a la policía. En segundo aspecto, por las propias trabas en las instituciones para investigar y publicar los reportes oficiales, de manera actualizada.

En aquellos países donde existe acceso a la información pública las cifras fueron comparadas con el registro que también llevan las organizaciones civiles, quienes en determinadas situaciones consideran casos de violencia como femicidios o intentos de femicidios cuando se atenta contra la vida de una mujer, pero que para algunas instituciones pueden tratarse solo de homicidios o lesiones leves, tal como ocurre en Perú o en México, entre otros países.

Por su parte, en los Estados sin acceso a la información libre el diagnóstico de la situación se apoyó en los datos recopilados por diversas ONG que tratan temas de violencia relacionados a la mujer. 

El vínculo entre la víctima y el agresor

La violencia contra la mujer ocurre porque los hombres creen que la vida de las mujeres les pertenece o porque ellas incumplen con los estereotipos sociales. El maltrato escala y se repite hasta un límite. Mientras, la víctima no puede verla porque la ha normalizado y termina por desarrollar el síndrome de la mujer maltratada

El ciclo de la violencia

Cuando una mujer enfrenta situaciones recurrentes de violencia se dice que está involucrada en un ciclo. En su libro El síndrome de la mujer maltratada (1984), la doctora Leonor Walker refiere que estos episodios de violencia no ocurren al azar sino en tres fases: la acumulación de tensión, el maltrato agudo y la fase de calma y reconciliación.

En la primera, las mujeres se exponen a situaciones de control económico y emocional, tratan de calmar al agresor y empiezan a cobrar conciencia de la violencia. Cuando las mujeres se niegan a cumplir con las expectativas, comienza la fase de maltrato agudo que las lleva a la indefensión.

Le sigue un periodo de calma, de complacencia en el que aparentemente bajan las tensiones. Usualmente viene después de un distanciamiento o de una intervención externa de algo o alguien que hace cesar el conflicto (López, Josefina. 2016). En esta fase él se excusa y la culpa, cambia su actitud para retenerla, la llena de consideraciones y esperanzas de que todo continuará bien, pero esta es solo la antesala de una nueva ola de violencia, muchas veces más fuerte que la anterior.

Ella, la víctima

Para la víctima este no es su primer contacto con la violencia. De acuerdo con la psicóloga forense de México, Adriana Ávila Rodríguez, el ambiente familiar, social y cultural donde se ha desarrollado la mujer genera una distorsión de la realidad que le hace pensar que esas acciones son normales y no un problema.

Para ellas es difícil asimilar esta violencia porque han estado inmersas en el ciclo, señaló Gabriela Chacón, codirectora del Observatorio General del Norte de Santander, en Colombia. La sociedad contribuye al normalizar el maltrato con frases como: “‘Él va a cambiar’, ‘Dale tiempo, es un buen hombre’, ‘Si te engañó o te golpeó fue una sola vez’, ‘Él es muy buen proveedor, no te falta nada en la casa’, ‘Capaz estaba estresado’”, agregó Gonzalo Salgado Bello, funcionario del Servicio Nacional de Mujeres y Equidad de Género (SernamEG) en Chile.

Ivonne Guzmán, psicóloga en República Dominicana, explicó que la mayoría de las víctimas se sienten culpables de aquellos eventos explosivos. En medio de esta distorsión promovida por el agresor, ellas minimizan la violencia y aunque se les dice que esto aumentará, ellas la justifican: “Él no lo hace, nunca me ha pegado o él no me iba a matar, él me quiere demasiado porque me lo ha dicho” son frases recurrentes en las pacientes, explica.

Incluso, agregó la especialista, defienden al agresor, pero no porque deseen hacerlo sino porque están sometidas al control y a la manipulación que les hace sentir vergüenza, miedo y asumir una responsabilidad que no es suya. Sobre esto Luis Vergés Báez, psicólogo del mismo país, refiere que las víctimas llegan a pensar que pueden causarle un daño a su agresor si lo denuncian, pero no es así “la denuncia es resultado de la violencia y quien tiene que asumir las consecuencias es la persona violenta”, apuntó.

La víctima se queda aislada de su familia y amigos, pues su agresor la requiere sola, vulnerable e indefensa, refieren los especialistas. A propósito, Francisca Pérez Prado, psicoanalista y presidenta de la Corporación La Morada en Chile, detalló que las redes familiares y de apoyo se dañan por interferencia del agresor, por una conducta crítica de los demás o por impedir el contacto con ellos. También porque sus allegados saben de esta relación, pero no logran acompañar a las mujeres de manera permanente.

De acuerdo con la psicóloga mexicana, Teresa Magos Martínez, casi ninguna mujer denuncia cuando ocurre la primera agresión. Pasa mínimo un año para que lo hagan y muchas pasan toda su vida en ese ciclo. Cuando lo informan es porque de pronto sucede algo que ya no toleran, que sale de su normalidad, como una infidelidad o bien la violencia se manifiesta de forma diferente a la habitual.

Él, el agresor

El agresor es un hombre amable, divertido, puede ser un buen amigo y vecino, también tiende a ser histriónico y narcisista, comentó Gonzalo Salgado. Detrás de esa imagen oculta dificultades para socializar y manifestaciones de violencia en distintos ámbitos que tienden a acentuarse en lo personal.

Ellos se encuentran en todos los sectores de la sociedad, aunque hay evidencia de que este comportamiento sucede con mayor frecuencia entre hombres con bajo nivel de estudios o socioeconómico, problemas de alcohol o drogas. Sin embargo, “mientras más alto es el nivel educativo el maltrato psicológico es mayor porque existe un lenguaje técnico específico para ir dañando la psique de la mujer”, expresó el funcionario.

Según la psicóloga Kátia Rosa, consejera dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres del Instituto Justiça de Saia en Brasil, solo una porción de los agresores puede asociarse a problemas con trastornos mentales y casi todas las investigaciones sobre el tema descartan que los aspectos biológicos sean preponderantes en el comportamiento violento, tal como se lee en el manual chileno Hombres jóvenes por el fin de la violencia.

No obstante, el haber sufrido maltrato tampoco es garantía de que lo replicarán, apuntó también el funcionario de SenarmEG (Chile). Agregó que muchos ni siquiera se reconocen como abusadores, pues piensan que eso significa ser un hombre, es decir: ser impulsivo, incapaz de reconocer y expresar sus emociones. Esto les hace altamente inseguros porque aprenden que deben ser fuertes.

El especialista señala que el control sobre su víctima lo logran a través de una sistemática manipulación emocional latente en frases como: “Te quiero solo para mí, no necesitas a nadie más”, “Tú sin mí no eres nadie”, “Yo te saqué de donde estabas”, “Te voy a quitar a los hijos”, “Si me dejas, me voy a suicidar”.

Su perfil igualmente se puede determinar a partir del tipo de violencia que ejercen: los más jóvenes tienden a la violencia sexual y física y conforme aumenta la edad de ellos y su víctima, ejercen una violencia de tipo económica o patrimonial, explicó Ruth Andrea Rivera Bautista, psicóloga de la Secretaría de Salud en Colombia.

Los agresores están respaldados por una cultura machista que normaliza la violencia en sus diferentes tipos. En el confinamiento no han faltado las excusas: la crisis económica y estar expuestos a situaciones cotidianas de las cuales esa misma cultura les mantiene alejados como el cuidado de los niños y las labores domésticas, añadió.

Esto ocurre en un sistema machista que promueve la idea de pertenencia de la mujer y estereotipos sobre su actuar que al ser trastocados detonan la violencia. Esta distorsión de la realidad está tan arraigada que muchos femicidas perciben lo que han hecho como una “misión cumplida” porque ellas no actuaron según lo esperado. Por lo tanto, no se arrepienten y buscan formas de revictimizarlas como exponer sus cuerpos, afirmó Luis Vergés Báez, psicólogo de República Dominicana, quien trabaja en terapias con agresores de violencia machista.

“La violencia es un tipo de conducta que la gente emite y mantiene cuando hay condiciones sociales que la permiten”, concluye el especialista. Por ello, los agresores tienden a justificar acciones (como celos, cansancio o el actuar de la víctima) que la sociedad acepta e incluso fomenta.

El síndrome de la mujer maltratada

Para las mujeres que viven violencia no es fácil salir de esa relación, no sorprende que una vez “liberada la tensión” decida regresar al lado de su agresor, quien por poco tiempo le hace pensar que el maltrato acabó, explicó la psicóloga Ivonne Guzmán.

Para la doctora Leonor Walker se trata de un trastorno patológico similar al estrés postraumático que termina por adaptarla a esa situación y que según la doctora Ruth Ortega Vélez, la hace incapaz de responder de forma efectiva.

Como parte del síndrome, las mujeres pueden revivir la violencia una y otra vez. También minimizar y justificar su presencia. Asimismo, se retraen socialmente y perciben de forma distorsionada su imagen o se sienten enfermas, lo que hace que incluso pierdan interés en las relaciones sexuales y evadan la atención médica para salir de esa situación.

Trabajar desde el interior

Para los especialistas consultados en esta investigación es relevante trabajar sobre la autoestima de la mujer y ayudarle a identificar las situaciones de violencia para que deje de verlas como hechos normales o naturales en la relación. Salgado Bello refiere que es importante desmitificar la idea del “amor romántico” que les hace creer que el amor todo lo soporta y que es capaz de cambiar al otro.

Al respecto, organizaciones de la sociedad civil comprenden la frustración que viven las redes de apoyo como familiares y amigos que, en ocasiones, deriva en una falta de empatía hacia las víctimas en escenarios de violencia. Piden a quienes forman parte de su entorno, comprender la situación y buscar tanto mecanismos como recursos que les permitan acompañarlas en la toma de decisiones, siempre desde el respeto de cada experiencia para finalmente instarlas a escoger su protección como mujeres, junto a la de sus hijas e hijos, y acercarlas a salir de ese ciclo violento, de manera definitiva.

Las mujeres en el centro de la pandemia

La pandemia de COVID-19 encendió las alarmas de organismos internacionales de derechos humanos ante una crisis de salud, cuya principal medida de prevención, el confinamiento, suponía un riesgo para la vida de las mujeres que sufren violencia machista situación que los Estados olvidaron durante la emergencia sanitaria mundial

El incorporar a las mujeres y el enfoque de igualdad en el centro del abordaje de la pandemia es la recomendación que organismos de derechos humanos hacen a los Estados del mundo, frente a una crisis sanitaria que dejó al descubierto la cruda realidad de la violencia machista y las desigualdades sociales.

A través de diversos llamados, instituciones internacionales coinciden en que la “respuesta efectiva requiere reflejar las dinámicas de género” tanto por el impacto y las implicaciones que supone la crisis sanitaria para las mujeres y niñas, como para garantizar el derecho a “vivir libres de discriminación y violencia y de acceder a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva”.

“Las autoridades nacionales y locales deben tener en cuenta que durante las crisis de salud, humanitarias o de otra índole, aumentan las brechas de género en la medida en que no se tengan en cuenta lo que estas crisis significan para las mujeres y la protección a sus derechos”, recalcó Amnistía Internacional que también hizo hincapié en las obligaciones de los Estados de atender “las violencias basadas en género que sufren miles de mujeres y niñas, incluyendo mujeres transgénero y personas intersex en la región y por el contrario, exige que se tomen medidas más estrictas”.

En medio del contexto sobresale de manera negativa el incremento de la violencia machista en América Latina, según expone esta investigación que abarca 20 países de la región y España, donde se decretaron necesarias medidas de prevención frente al SARS-CoV-2, sin tomar en cuenta sus alcances en la vida de las mujeres y frente a la ausencia de planes de contingencia para su resguardo.

Violencia y malos tratos por razón de género

El aislamiento social orientado por los Estados como principal medida de prevención ante la curva de crecimiento de la pandemia, configuró el hogar como un sitio seguro que reducía el riesgo de contagio de COVID-19, pero que para miles de mujeres y niñas incrementó el riesgo de sufrir violencia sexual, física, psicológica, económica y patrimonial al quedar aisladas con sus agresores.

“Esta situación es aún más alarmante en el caso de niñas, siendo América Latina la única región en el mundo en la que los partos en esta población aumentan. Esto es resultado de elevados índices de violencia sexual –principalmente por parte de miembros de la familia de las niñas o de su círculo cercano– y de la falta de acceso a servicios de salud reproductiva como la anticoncepción oral de emergencia y la interrupción legal del embarazo que se restringen aún más con medidas como toques de queda o debido a la saturación de los establecimientos de salud”, indica la Guía para proteger los derechos de mujeres y niñas durante la pandemia de COVID-19 desarrollada por Womens Link Worldwide, Amnistía Internacional y la International Planned Parenthood Federation.

El documento demanda a los Estados “atender los riesgos y peligros de violencia que enfrentan mujeres y niñas frente a las medidas de aislamiento, estados de excepción, restricciones de movilidad” reguladas por los cuerpos policiales y militares que, en lugar de proteger la vida de las mujeres, las dejaron más expuestas a abusos incluyendo la tortura por razón de género y otros malos tratos físicos, psicológicos y sexuales.

ONU Mujeres es categórica al afirmar que en situaciones de emergencias aumentan los riesgos de violencia hacia las mujeres y niñas convirtiéndose en la “más extendida violación de los derechos humanos en el mundo” y en un problema de salud pública de proporciones epidémicas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Muchas de estas mujeres están ahora atrapadas en casa con sus maltratadores y corren un mayor riesgo de sufrir otras formas de violencia, debido a que los sistemas de asistencia sanitaria están sobrecargados y los servicios de justicia interrumpidos tienen problemas para responder”, denuncia ONU Mujeres en su sitio web.

La Comisión Interamericana de Mujeres también ha dado relevancia a la ausencia de un protocolo en los servicios de atención y protección a la violencia contra las mujeres para responder ante la situación derivada de la emergencia COVID-19, que provocó una asistencia deficiente ante el incremento de la violencia en confinamiento y las medidas de prevención adoptadas, que también incluyeron cierre de instituciones judiciales y la suspensión del transporte público colectivo.

Y pone el dedo sobre las brechas entre el número, disponibilidad y capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad entre lo urbano y rural, haciendo énfasis en el vacío que significa para el Estado de derecho en las “comunidades rurales, remotas o marginadas” que históricamente, y en Latinoamérica, enfrentan menor acceso a todo tipo de servicio público.

“Los servicios deben contar con rutas de acción para asegurar la seguridad de las mujeres en riesgo durante la emergencia, adaptando los protocolos de actuación para reforzar su eficacia durante el periodo de crisis. Una medida relevante en este periodo especial es la extensión automática de medidas judiciales de protección y de medidas cautelares a mujeres víctimas de violencia que ya han adelantado muchos de los gobiernos de la región”, recalcó en su informe COVID-19 en la vida de las mujeres: razones para reconocer el impacto diferenciado.

Acceso a salud sexual y reproductiva

En mayo de 2020 el Fondo para la Población de la Naciones Unidas (UNFPA), por sus siglas en inglés, advirtió lo que significa la pandemia del coronavirus con respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El organismo aseguró que las mujeres de 114 países con bajos y medianos ingresos estaban expuestas a quedar embarazadas sin planearlo.

El UNFPA estimaba que en los tres primeros meses de confinamiento si los efectos eran leves, 13 millones de mujeres no tendrían acceso a los anticonceptivos, por lo que habría unos 325.000 embarazos no planeados. Y en el peor de los escenarios de extenderse a seis meses, traería como consecuencia siete millones de embarazos no deseados.

¿La razón? El nulo o poco acceso a servicios de atención relacionados a la planificación familiar y a la cadena de suministros de anticonceptivos, así como a medicamentos contra el VIH y otras medicinas e insumos necesarios para garantizar la salud sexual y reproductiva.

“En la región, las personas evitan acudir a los establecimientos sanitarios por miedo de contagio de COVID-19. Asimismo, las restricciones de circulación y la falta de recursos económicos para pagar algunos servicios de salud constituyen un obstáculo para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”, denunció la Articulación Regional Feminista (ARF) en el documento: Los derechos de las mujeres de la región en épocas de COVID-19. Estado.

La Comisión Interamericana de Mujeres se muestra preocupada por la falta de atención y recursos críticos de los servicios de salud sexual y reproductiva al afectar directamente a las mujeres, las adolescentes y las niñas, cuya “ausencia de estos servicios podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.

Y en este mismo contexto, el UNFPA también ha mostrado preocupación por el riesgo que corren 13 millones de niñas de ser forzadas a contraer matrimonio entre 2020 y 2030, socavando los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil que durante años vienen realizando diversas organizaciones a nivel mundial.

Cadena global de cuidados

Tanto en la primera línea de respuesta a la pandemia como en los hogares las mujeres se encuentran al frente de la crisis sanitaria, dejando en evidencia un modelo económico que se sostiene del cuidado precario, remunerado, gratuito y por amor que ejercen las mujeres alrededor del mundo.

El documento Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis de COVID-19 de ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) refleja que en América Latina y el Caribe entre 115 y 186 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales 93 % son mujeres. “El trabajo doméstico supone en promedio entre 10.5% y 14.3% del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social”.

“Sin embargo, y a pesar de la enorme contribución que su trabajo significa en la vida de muchas personas, también son uno de los principales colectivos afectados por la crisis. Esto se debe, entre otras razones, a la situación de precariedad en el empleo que presenta este sector, caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos”, resume el documento.

En medio de la pandemia esta precariedad supuso, en la mayoría de los casos, asumir la responsabilidad tanto de los cuidados personales como del lugar de trabajo, atender a las personas en situación de riesgo, discapacidad y de dependencia con relación a niños y niñas en los hogares ante la suspensión de clases, así como la obligatoriedad de pernoctar en sus lugares de trabajo y la permanencia en el mismo que suponía realizar gestiones domésticas que las expuso al contagio.

Enfoque en políticas públicas

En general, los organismos internacionales han coincidido en que las estrategias que se adopten para enfrentar la crisis sanitaria actual, deben implementarse fortaleciendo el trabajo coordinado con los mecanismos institucionales de cada Estado y en conjunto con organismos internacionales para ayudar verdaderamente a las mujeres que se encuentran en situación de desigualdad; contando con la participación de las organizaciones y los movimientos feministas, de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y de las comunidades, con el fin de que ellas mismas contribuyan al diseño de estrategias que se puedan adaptar a sus realidades, sostienen. 

Venezuela

Autor: Carolina Isava | Juan Carlos Colina | Raylí Luján | Zurya Escamilla Díaz
Ilustración: Frank Bready Trejo | Antonio Ramírez
Infografía: Yordán Somarriba | Denisse Martínez

Cuando el poder también maltrata

En confinamiento víctimas se vieron afectadas por la falta de acceso a la justicia. Defensores denuncian que agresores fueron favorecidos por sus influencias en los órganos de justicia, con el fin de desestimar las causas. Con frecuencia, las fiscalías del país dejan pasar casos por falta de pruebas o “por mala instrucción del expediente policial”, afirman abogados de las víctimas

Confinamiento rojo para mujeres en Venezuela

Con 130 feminicidios hasta el 30 de junio las venezolanas se enfrentan al desamparo de un Estado que no solo las pone en riesgo, sino que favorece la violencia en su contra

Caracas, Valencia y Nueva Esparta – El 2020 inició como un año rojo para las mujeres venezolanas. Un femicidio cada 36 horas parecía una de las cifras más alarmantes en Venezuela en los primeros meses. Pero, con la llegada de marzo y el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el número se incrementó hasta sumar al menos 130 mujeres asesinadas al 30 de junio, según el monitor impulsado por la plataforma Utopix.cc que registra los femicidios en Venezuela ante la falta de estadísticas oficiales.

Desde el 16 de marzo, fecha en la que el mundo comenzó a confinarse, hasta el mes de junio se reportan 79 femicidios, de acuerdo con lo detectado por el monitor y basado en lo establecido en el marco legal del país, los cuales se distribuyeron así: 21 asesinatos en marzo, 20 en abril; 17 en mayo y 21 en junio.

“Como la cuarentena comenzó el 16 de marzo en la cuenta se incluyeron cinco muertes que ocurrieron después de esa fecha. Hasta ahora el mes con más casos en el año ha sido enero cuando se reportaron 34 feminicidios, cinco solo el 1 de enero”, dijo Aimeé Zambrano, antropóloga y coordinadora del Monitor de Feminicidios Utopix.cc. 

El monitor señala que 63 femicidios se cometieron en cuarentena. La investigadora precisó que estos son tipificados conforme a los artículos 57 y 58 de la ley, que establece que un femicidio agravado ocurre cuando alguien “intencionalmente cause la muerte de una mujer, motivado por odio o desprecio a la condición de mujer […] sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión”.

Utopix.cc también reconoce en sus cifras las muertes de mujeres por violencia obstétrica que ante la crisis de salud que padece el país, se siguen incrementando. A la fecha contabilizan al menos siete casos. Sin embargo, el marco jurídico venezolano excluye en el término “femicidio”, la muerte de mujeres producto de este tipo de violencia, aunque sí reconoce la violencia obstétrica.

Disparidad de cifras, un sólo problema

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y medios de comunicación hacen un esfuerzo para contabilizar el número de muertes de mujeres, que incluyen los casos de femicidio en el país ante la falta de datos oficiales. De allí la variación en las cifras que registra cada organización. 

Por ejemplo, entre los reportes desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo “tuvimos 122 mujeres asesinadas, de las cuales al menos 57 son catalogados como femicidios”, indicó la abogada Diyuly Chourio, presidenta de la organización defensora de los derechos humanos, Vida Jurídica.

La experta en temas de violencia contra la mujer y defensora internacional de los derechos humanos explica que estas muertes repercuten no solo en la pérdida de una vida, sino en toda una familia.

Así lo muestra el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quien registró en este año por lo menos 19 niños huérfanos a raíz del asesinato de sus madres. Dos de ellos presenciaron el hecho dentro de sus hogares, el lugar donde ocurren con mayor frecuencia los casos de violencia y que lo convierte en el espacio más inseguro para las víctimas.

“La condición de vulnerabilidad, la emergencia humanitaria, el contexto de violencia y la crisis multidimensional afecta de forma diferenciada y agravada a las mujeres. Vemos el incremento de casos cada vez más crueles como descuartizamientos y casos frente a los niños”, detalló Bibi Borges, directora de Cepaz.

Según el monitoreo que realiza esta organización de 24 femicidios ocurridos entre el 14 de abril y el 13 de junio, 10 niñas y niños quedaron huérfanos. De la totalidad 16 ocurrieron en mayo mientras que en junio y abril se registraron cuatro casos, respectivamente. Además, 4,16% de las víctimas estaban embarazadas.

En 25% de los casos los agresores manifestaron que la venganza había sido su motivación; haber iniciado una relación con alguien más, entre otros alegatos.

La asociación señala en su análisis que en los delitos donde aparentemente los celos fueron el detonante, los agresores usaron el apuñalamiento y la mutilación para herir a las víctimas; seguidas del suicidio por parte del victimario.

En 37.5% de los femicidios el agresor tenía una relación con la víctima, ya sea matrimonial o de hecho y 37.7% de los victimarios tiene entre 32 y 47 años. Cepaz también muestra que en 41.7% de los casos el femicida huyó. Además, dos se suicidaron.

Por su parte, el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) que incluye información de fuentes oficiales y alternativas por parte de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género indica que solo en cuarentena se han registrado 35 muertes de mujeres en un contexto de violencia y por género en Venezuela.

Mientras que del monitoreo realizado semanalmente por los medios de comunicación, quienes son los que visibilizan el tema en Venezuela (junto con las ONG) se reportan 131 muertes de mujeres en Venezuela hasta el 19 de junio, revela el medio Cotejo.info, quien lleva un conteo diario de los casos. Estos incluyen otras muertes por asesinatos, balas perdidas y ajustes de cuentas entre bandas delictivas (estos dos últimos muy frecuentes en las zonas mas vulnerables del país). También se incluyen arrollamientos que acabaron con la vida de la mujer y cuyo autor se dio a la fuga

Encerradas con su victimario

Para las instituciones públicas las cifras de incidencia de la violencia pudieron haber disminuido conforme al número de denuncias que se registraron, pero las organizaciones civiles lo vivieron de forma diferente.

El confinamiento y su consecuente crisis económica es un caldo de cultivo para estos delitos, reconoce la Alta Comisionada Adjunta de Protección en ACNUR, Gillian Triggs.

El monito Utopix, coordinado por la activista Aimé Zambrano, observó en su portal web que las 21 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas o parientes cercanos solo en el mes de junio, se convirtió en la segunda cifra más alta en lo que va de 2020 hasta la fecha, según el monitor.

La mayoría de los asesinatos fueron por armas de fuego. En segundo lugar, por asfixia mecánica. Vale resaltar que cuatro de las mujeres asesinadas eran madres, por lo que tres menores de edad quedaron huérfanos.

Entre los casos se encuentran el asesinato de Yohendrys Rodríguez de 29 años, a manos de su expareja por arma de fuego en Ciudad Bolívar, ubicada al sureste del país. De igual manera, el femicidio de Brenda Hernández de 38 años, quien murió estrangulada por su pareja.

Utopix, a cargo de un grupo de investigadoras y que cuenta con una línea feminista, indica también que en el mes de mayo se cometieron otros 17 femicidios, según datos extraídos de registros de la prensa digital ante la ausencia de cifras oficiales, por lo que se presume que existen más delitos no registrados. 

Mientras que Vida Jurídica ha pasado a atender 15 casos semanales de violencia doméstica, cuando antes de la crisis por COVID-19 atendía de tres a cinco a la semana. Su directora señala que, en promedio, de cada 10 casos que atienden solo uno se formaliza en denuncia. Por ello, las pocas estadísticas oficiales que existen sobre el tema esconden un subregistro alarmante.

Ofelia Álvarez, psicóloga social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y directora de FundaMujer, confirma que el aumento de casos de violencia de género durante la cuarentena se produce debido a esa convivencia obligatoria entre las víctimas y sus atacantes, sumado a la ausencia de respuesta por parte de las autoridades.

“El confinamiento ha traído relativamente 50% más de casos, tanto en comparación con la misma época del año pasado como desde el mismo momento del inicio de la cuarentena (…) Hay gente que estaba a punto de divorciarse, de solucionar sus conflictos, pero como no tuvieron otro sitio a dónde ir, les tocó quedarse juntos o fueron y denunciaron, pero les dijeron que esa era la casa de ambos y que tenían que quedarse juntos”, sostiene Álvarez al destacar que en 66 días de confinamiento atendieron 72 denuncias de este tipo.

La psicóloga se refiere a lo que representa para una víctima, el ventilar ante las autoridades venezolanas el acoso o ataque que está sufriendo y cómo se desvirtúa la denuncia cuando se le resta gravedad.

“Te dicen que no se ocupan de ciertas cosas a menos que sean graves, tienes que ir con heridas visibles para que tomen la denuncia. A esto se suma el hecho de que los hombres, como se ven denunciados, se tranquilizan por un tiempo y luego vuelven a arremeter”, explicó.

En la organización feminista Tinta Violeta saben que la falta de empatía de los vecinos y familiares es determinante para que la violencia continúe. Por esta razón, brindan “acompañamiento amoroso” a sus usuarias, siempre con respeto a sus decisiones y pendientes aún si ellas deciden regresar con el violentador, afirmó la activista y líder de la organización, Daniela Inojosa.

La violencia física, agrega, siempre va a la par de la psicológica. El problema es que esta última tiende a ser subestimada como algo menor, incluso por los servidores públicos, quienes a menudo las convencen de volver a una situación que ellas mismas no alcanzan a reconocer como violencia.

Esta organización feminista que abrió sus líneas telefónicas desde el 21 de marzo recibe entre tres y cinco llamadas diarias de mujeres a las que han prestado una primera ayuda y en el transcurso del proceso sus victimarios arremeten contra ellas.

También han recibido 12 llamadas de venezolanas que actualmente viven en Panamá, Argentina, Perú y Estados Unidos, ya sea para solicitar apoyo o intervención para algún familiar en el país.

Por otra parte, han atendido casos de hostigamiento a inquilinas porque, aunque los desalojos están prohibidos durante la contingencia, los arrendadores abusan de su relación de poder para agredirlas verbalmente o privarlas de servicios básicos; situación que, recalca, no ocurre con los hombres.

Sexualidad vulnerada

En Venezuela se vive una emergencia humanitaria compleja, término acuñado por la Naciones Unidas que representa un factor determinante en la violencia contra las mujeres, quienes ya padecen en un escenario donde el respeto a los derechos humanos es cuestionado de forma permanente.

La falta de acceso a la salud ha puesto a esta población en un estado de vulnerabilidad absoluta en el que, inclusive, muchas mujeres han perdido la vida producto de la violencia obstétrica, reconocida como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada también en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, según la Organización Mundial de la Salud.

Organizaciones y medios de comunicación han reportado, desde antes del confinamiento, mujeres que son obligadas a parir en la calle o a las afueras de los hospitales públicos, debido a que se les niega la atención ante la ausencia de insumos, equipamiento y hasta personal médico capacitado. Los hospitales en Venezuela han sido golpeados severamente por una crisis humanitaria que provocó incluso la migración de profesionales, quienes además eran víctimas de la delincuencia.

Para la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), la violencia sexual no está únicamente expresada en la violación o el abuso, sino que se manifiesta en la falta de una política pública que garantice a las mujeres el control de su reproducción y cuando se les niega la posibilidad de desarrollarse individualmente. “Es más fácil que te manden a parir a que te ayuden a prevenir”, apuntó Chourio.

Magdymar León, psicóloga de Avesa, señala que esta es una forma de violencia de género dirigida hacia las mujeres porque “eso no pasa con los hombres, ellos no se embarazan, ellos no paren”. Esto termina por precarizar la condición económica de muchas mujeres que se ven forzadas a ejercer la prostitución para sostener a sus familias.

En el plano económico, la situación se ha agravado para las mujeres, entre otras cosas, por el impacto que la pandemia ha provocado para quienes vivían del comercio informal. Otras han tenido que dejar el trabajo porque no hay condiciones mínimas para continuar.

Además, de ver restringidos sus derechos a una vida sexual sana y segura o estar expuestas a la violencia obstétrica, niñas y mujeres venezolanas deben lidiar con el acoso, las amenazas y la violencia sexual, de ello rinde cuenta el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

El OVV resalta los crímenes sexuales contra niñas y mujeres ocurridos en los estados Táchira, Aragua y Mérida; también explica que existe poca documentación al respecto y cifras que registren los casos extremos como la trata de personas.

Explotación sexual y trata de personas en la frontera

En las fronteras la mujer sigue siendo una de las principales víctimas y en cuarentena no fue la excepción, explicó Jairo Garzón, director nacional de la Capellanía Nacional OFICA, organización que atiende a niños y madres en condición de vulnerabilidad en el sector Escobal, ubicado en la frontera de Cúcuta con Venezuela, al norte de Santander, en Colombia.

En esta zona, el flujo migratorio se le conoce como “mixto pendular” y es el que describe a la persona proveniente de un país vecino, pero que viaja todos los días a Colombia, “por eso se les dice pendulares”, comentó el también abogado y capellán.

Pese a la cuarentena, el camino siguió lleno de peligros para quienes pasan desde de Venezuela. En eso coinciden las organizaciones no sólo como OFICA, también la Fundación Tapp y el Observatorio del Norte de Santander, en Colombia, que en la actualidad reciben las denuncias.

“Aunque nuestras fronteras están cerradas, pasar las trochas ─rutas fronterizas informales─ implica pasar por un número de situaciones difíciles y si usted (ellas) no tiene plata al pasar las manosean, las obligan a dar dinero, dejar comida o pagar con su cuerpo”, explicó el director de la organización que durante el tiempo de confinamiento tuvo un aumento de 40% de los casos que atienden sobre violencia intrafamiliar.

Entre las diversas violaciones a las que están expuestas las mujeres en esta zona, de manera permanente, se encuentra la trata de personas con fines de explotación sexual de migrantes venezolanas, quienes se han movilizado huyendo de la crisis en su país y que enfrentan también la xenofobia.

“Hay muchas denuncias sobre lo que pasa al otro lado de la frontera, redes de secuestros dedicadas a la trata de personas. Hemos encontrado incluso menores de edad, algunas niñas embarazadas. No es solo prostitución, están siendo explotadas”, indicó Gabriela Chacón, codirectora del Observatorio de Género del Norte de Santander.

El observatorio coincide con otras organizaciones en que no existen mayores datos sobre esta situación. Las denuncias que se recogen provienen de las propias mujeres que han sido desalojadas y son recibidas en hogares temporales. Sobre todo, niñas venezolanas.

Grupos irregulares armados del lado venezolano, aún sin identificar, son quienes controlan y llevan a cabo estas actividades contra las mujeres que migran por los pasos informales en la frontera, cada vez que son cerrados.

“Tenemos reportes de personas que cruzan las fronteras para llegar a Venezuela y cuando están a punto de pasar el puente, encapuchados vestidos de negro las amenazan con llevarlas, algunas han logrado escaparse, hay otras que no. No sabemos quiénes son estos actores que están en la frontera porque están del lado venezolano, lo que dificulta identificarlos”, detalló Gaby Arenas, presidenta de la Fundación Tapp, que atiende a sectores de escasos recursos tanto en Colombia como en Venezuela, en especial a la población migrante.

Otros casos de abuso sexual han sido reportados en cuarentena. No obstante, suelen suceder con frecuencia. “Son mujeres que van con sus niños y su familia, porque viven huyendo de la crisis y pasan días caminando por las carreteras, no tienen recursos y  cuando las ofrecen llevar las violan y luego las dejan”, añadió.

En los últimos años, 4.9 millones de venezolanos emigraron a diferentes países de Suramérica (OIM, 2020). La mayoría vive en situación de pobreza o pobreza extrema con el agravante de que su condición de migrantes, limita el acceso a los servicios básicos de salud. Adicionalmente, buena parte de las mujeres se encuentran en centros de población migrante y albergues del lado colombiano que presentan hacinamiento.

Indefensión frente al Estado

La falta de atención a la violencia de género es responsabilidad de la autoridad venezolana, coinciden las expertas, quienes advierten sobre las consecuencias de no tener refugios o casas de abrigo para las mujeres que son víctimas de violencia y requieren escapar de su agresor.

“En el INA (Inamujer) por ejemplo, te dicen que tienen casas de abrigo con equipos multidisciplinarios y que cuentan con protocolos, pero cuando vas a preguntar y hacer este mapeo para ayudar a las víctimas, te afirman que no están funcionando. Los pintan con mil colores, pero la realidad es que no contamos con centros de refugios. Se dieron pie desde su creación en la ley, sin embargo, nunca más continuaron”, sostiene la presidenta de Vida Jurídica.

Además, la abogada destaca que las mujeres están a expensas de otro tipo de violencia, esta vez ocasionada por el Estado que no garantiza el acceso a los servicios públicos básicos y que tiene a los hospitales estatales en una situación de precariedad.

En materia de justicia, las fiscalías y los 19 tribunales continúan recibiendo las denuncias sobre la violencia contra mujeres en la Unidades de Atención de Víctimas que existen en todo el país. Sin embargo, un obstáculo que siguen encontrando las víctimas y que se acrecentó durante el confinamiento, es la falta de sensibilidad de los servidores públicos que las atienden. A esto hay que sumar la escasa capacitación de los abogados en violencia de género contra mujeres.

Mientras que en el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género y el propio Ministerio Público se observa la ausencia absoluta de una política de Estado para prevenir la violencia contra las mujeres y defender sus derechos. 

Si bien el viceministerio de Protección a los Derechos de la Mujer ha generado campañas para promover la denuncia ante los tribunales y juzgados que “continuarán dictando sentencias virtualmente”, durante la cuarentena organizaciones sociales detectaron que existe poca confianza en los órganos del gobierno por parte de las afectadas ante la actuación de los cuerpos policiales y, en general, del Estado.

En tanto, en la Asamblea Nacional (AN) se respaldaron protestas durante los dos primeros meses del año en defensa de sus derechos.

Hasta el 14 enero, la diputada Manuela Bolívar, representante de la subcomisión de Mujer e Igualdad de Género en el parlamento, denunció 11 asesinatos de mujeres y exigió durante una manifestación realizada en Chacao, municipio al este de Caracas -con pancartas y zapatos de tacón para rendir homenaje- el cese de la impunidad y la violencia de género en el país.

Luego de la cuarentena, la subcomisión no ha emitido una actualización de cifras ni pronunciamientos al respecto.

La sombra de la represión

Otra de las muchas violencias que sufren las mujeres en Venezuela es la violencia política. Quienes manifiestan su oposición abiertamente incluso en redes sociales, son perseguidas, arrestadas e incomunicadas por meses y sin que se realicen las audiencias pertinentes, entre otras ilegalidades; lo que viola el debido proceso, según han denunciado familiares y activistas de derechos humanos en Venezuela.

En el contexto del COVID-19 la represión y persecución política continuó en Venezuela. Durante la cuarentena desde el 16 de marzo al 9 de junio el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó la detención de 15 mujeres, entre ellas se incluyen personal de salud, comunicadores sociales y hasta defensoras de derechos humanos.

La residente de obstetricia, María Lugo, y la residente de anestesiología, Adriana Vargas, son un ejemplo. Ambas fueron detenidas en el estado Falcón, en la costa noreste del país, por poseer materiales para solventar emergencias del coronavirus durante su guardia médica. La bioanalista Andrea Sayago también fue privada de libertad, en su momento, por informar vía WhatsApp sobre los casos positivos de COVID-19 en el estado Trujillo, aunque posteriormente fue liberada.

Por su parte, la ginecóloga Andreina de los Ángeles Urdaneta fue detenida por los cuerpos de seguridad del Estado, el pasado 26 de mayo, por el presunto delito de “incitar al odio”, al publicar una fotografía en su WhatsApp en contra de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la organización Foro Penal, Venezuela sigue siendo el país con mayor número de presos políticos de todo el continente, superando a Cuba y Nicaragua. De los 362 presos políticos contabilizados hasta el 8 de mayo, 23 eran mujeres. Según el Foro Penal, todos fueron detenidos de manera arbitraria.

Desde el mes de marzo, cuando el país entró en cuarentena, se incrementaron las detenciones por razones políticas en comparación a los meses anteriores.

La ONG denuncia también desapariciones forzadas. Entre el 01 de enero al 7 de mayo, fecha en la que hubo 121 detenciones políticas en total, se contabilizan que al menos 15 personas fueron desaparecidas. De ellas, 10 son hombres y cinco son mujeres. Al cierre de esta investigación, la ONG desconocía información sobre sus paraderos.

De la violencia estatal a la familiar

Las mujeres venezolanas están expuestas a una amplia gama de violencias, desde las que comete el Estado que les niega el derecho a servicios prioritarios como la salud, el agua, la electricidad, los métodos anticonceptivos o la alimentación, hasta aquellas que viven con sus parejas, familiares y hasta caseros. Incluso en tiempos de pandemia carecen de los insumos más primordiales para su existencia.

La crisis económica, política y social del país acentúa este problema que históricamente vulnera a las mujeres. Esta preocupación la han manifestado también los organismos internacionales que han puesto la lupa sobre el caso venezolano.

La preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “alarmante prevalencia de asesinatos de niñas y mujeres por razones de género en Venezuela”, sirvió para recordar a las autoridades la necesidad de investigaciones serias, imparciales y efectivas. Aun así, la respuesta ha sido escasa e incluso nula.

La erradicación de la violencia contra las mujeres es una responsabilidad del Estado, a través de sus instituciones y políticas públicas efectivas, pero no se limita a él solamente. ONG defensoras de los derechos de la mujer coinciden en que la sociedad debe igualmente involucrarse, dejar la indiferencia y hacer a un lado la idea de que solo son temas de pareja, para brindar un apoyo activo a las víctimas.

En este panorama, la representante de Tinta Violeta puntualiza que mientras haya “mujeres asesinadas, nada es suficiente como sociedad, pues siempre habrá un vecino que lo sabía y que no hizo nada; un policía que no aceptó la denuncia, un fiscal que no hizo la investigación, una mamá que le dijo ‘quédate con él porque vas a dejar a tus hijos sin padre’ (…) Es un fracaso como sociedad que haya una sola mujer asesinada”, expresó Inojosa.

RECOMENDACIONES

Minimizadas

En uno de los pasillos de triaje del Ministerio Público, como se le conoce al área donde se reciben y distribuyen las denuncias con causas penales en Venezuela, se oye a cada instante la voz de un funcionario que llama por número de cédula de identidad y apellido a las personas: “Pase el siguiente”.

Los rostros de mujeres cabizbajas, sobrevivientes de violencia, inundan el lugar. Semiocultas con paños o pañuelos, pero lo suficientemente visibles para demostrarle al funcionario que los golpes en su cuerpo evidencian la violencia que sufrieron durante la cuarentena decretada por el gobierno. Entre el grupo de mujeres que espera para colocar la denuncia se encuentra Victoria, nombre que usaremos para resguardar su identidad.

Minutos antes había salido Amanda, otra mujer a quien llamaremos así por su protección. En las puertas de la Fiscalía expresaba su consternación por la advertencia que le había dado la fiscal. Su caso sería desestimado cuando llegara a los tribunales por un “error policial” en las “fechas del informe forense” y en la “denuncia”. “No fue contundente”, le dijeron.

La mujer, de 24 años de edad y madre de tres hijos, había sido golpeada por su pareja tres semanas atrás, a mediados del mes de abril. El agresor incluso la amenazó y ella debió salir de la casa en plena cuarentena. Pese a sus escasos recursos tanto Amanda como el defensor público que le asignaron, presumen que la intervención de un familiar del agresor, con acceso a funcionarios públicos en la Fiscalía, haya detenido el proceso para ampararla. Casos como el de Amanda se desestiman a diario en las diferentes fiscalías del país. Unos por falta de pruebas y otros “por mala instrucción del expediente policial”, expresó su abogado defensor, quien declaró en anonimato para evitar represalias en su contra.

La mujer del policía

A las áreas de triaje de la Fiscalía llega otra mujer visiblemente golpeada, pero no como víctima para los funcionarios policiales que la han traído. Su esposo, un policía también, la había denunciado. Se había “comido la luz”, dijo la agente que se encargó de su traslado para referirse a una supuesta falta que ella habría cometido.

“Ella no es mujer de nadie y tampoco es delincuente, es la víctima y aquí ustedes se salen porque ella se queda en manos de la fiscalía y saldrá libre”, le increpó su abogada a la policía que la sostenía de las manos. La escena inmutó a todos en la sala que observaban perplejos. Incluso a Victoria, quien aguardaba para consultar su caso. Sin embargo, el reclamo no sosegó a la policía, también mujer, quien en rechazo a la petición de la abogada intentó esposarla.

La situación sorprendió a la fiscal de su oficina, quien actuó a favor de la “mujer del policía”, como le decían, y reprendió a los oficiales, quienes insistieron en defender al agresor. La “denunciada” ahora sí era tratada como víctima.

Entretanto, Victoria turnaba la mirada entre su celular y lo que sucedía. En su mente pasaban los seis años de relación que tuvo con su pareja. El dolor en el corazón fue más grande que las heridas recibidas en el cuerpo. Ella, de 48 años, con una profesión universitaria. Él, de 41, bachiller y dedicado al comercio.

Al principio, el amor y la unión prevalecían dentro de una atmósfera de respeto, pues pese “al fuerte carácter” que él siempre tuvo, la relación era “soportable”, aseguró. Ella ignoró el hecho de que mucho antes de que la violencia física aparezca, existen otras violencias como la psicológica que comienzan a sentar las bases para futuros maltratos y en mayor escala.

Aún con el cuerpo adolorido y el rostro tintado, Victoria llegó al Ministerio Público una mañana del mes de mayo para averiguar las consecuencias de una denuncia y conocer con qué protección contaba si daba el paso de acusarlo en medio del confinamiento. De lo que sí no tuvo duda es de la decisión de apartarse definitivamente de este hombre que, desde el segundo mes de la cuarentena social decretada en Venezuela, le dejó los peores recuerdos. El confinamiento había enardecido la convivencia entre ambos que, con anterioridad, ya presentaba dificultades.

Victoria es una mujer de trato amable y de buen hablar. Lo vivido la hace temblar y sudar. Habla sin cesar. Quiere desahogarse.

“No quiero que mi hijo se entere”, expresó. Ella también es madre de tres hijos adultos que viven fuera del país, con quienes se comunica por videollamadas y a quienes no sabía cómo ocultarles lo sucedido.

“Hasta aquí le permití yo. Ya no seré más víctima de abusos. Jamás volveré a ese lugar”, sollozó. Su temor principal es volver a verlo, por eso las dudas sobre denunciarlo. Lo que menos quiere es toparse de nuevo con él, reiteró.

Victoria se marchó y ahora vive lejos del agresor en un lugar seguro. Se fue solo con su ropa y teléfono, atrás dejó toda su vida, su pasado y hasta sus pertenencias que le quedaron a él.

“Lo único que quiero es evitarlo y estar separada para reconstruir mi vida lo antes posible (…) porque esta vez quiero ser feliz”, afirmó. 

*Los nombres utilizados en los testimonios son seudónimos que se usaron para el resguardo de la identidad de las víctimas

Esta investigación es un proyecto transnacional y colaborativo de periodismo independiente que se realizó en alianza con los medios Te Lo Cuento News (Estados Unidos), La Lupa (Nicaragua), Expediente Político (México), Periódico laCuerda y Asociación La Cuerda (Guatemala),  La Tribuna de Todos (Venezuela), Revista La Brújula (El Salvador) y CONNECTAS como aliado difusor. 

Todos (Venezuela), Revista La Brújula (El Salvador) y CONNECTAS como aliado difusor. 

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que contribuyeron de alguna forma para hacer posible esta investigación, nuestro más entrañable reconocimiento. Entre ellos a Sandra Bonfanti, psicólogo en Argentina, Geovanny Pérez López, abogada y presidenta del Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala (CDHUT) y Yeny Charrez Carlos, abogada y presidenta de Mujeres con Poder, ambas ubicadas en México. Asimismo, a los abogados Juan Valdemar Pacheco y Blanca Martínez, en Venezuela, y al periodista Alejandro Álvarez en México.

También a las organizaciones de la sociedad civil y activistas, quienes dieron sus aportes para fortalecer la información; algunas incluso no mencionadas en los reportajes, pero a quienes les reconocemos su importante colaboración.

A las víctimas, sobrevivientes y a sus familiares, quienes venciendo el miedo se atrevieron a contar sus historias.

A cada uno de ustedes, nuestro agradecimiento eterno de parte de todo el equipo

Atentamente

María José Martínez
Dirección General

Trabajo e Ilustraciones Bajo Licencia del Colectivo Violencia Contra las Mujeres – María José Martínez– #SNNV – #22Ago  #VenprensaInforma

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