El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, volvió a encender la polémica este lunes tras desestimar el rol de las organizaciones no gubernamentales en la defensa de los derechos humanos y, en particular, en el acompañamiento de personas catalogadas como presos políticos.
“No tienen nada que ver. Las ONG le echan paja a los presos políticos”, afirmó el dirigente oficialista, en declaraciones que rápidamente generaron reacciones dentro y fuera del país.
Las palabras de Cabello se producen en un contexto marcado por señalamientos constantes de organismos nacionales e internacionales sobre detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y criminalización de la disidencia en Venezuela. Sin embargo, desde el discurso oficial, estas denuncias son presentadas como parte de una narrativa “fabricada” para desacreditar al Estado venezolano.
Durante su intervención, Cabello insistió en que las ONG “no forman parte de los procesos judiciales” y que, a su juicio, distorsionan la realidad de quienes se encuentran privados de libertad por causas políticas. En su argumentación, reiteró la línea sostenida por el chavismo de que en el país no existen presos políticos, sino personas detenidas por cometer delitos tipificados en la ley.
Las declaraciones reavivan el debate sobre el papel de la sociedad civil organizada y su legitimidad para documentar casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Diversas ONG han sido clave, durante años, en la recopilación de datos, testimonios y seguimiento de procesos judiciales, información que ha servido de base para informes de instancias internacionales.
Analistas consideran que este tipo de pronunciamientos buscan desacreditar a las organizaciones independientes y reducir su influencia en la opinión pública, especialmente en momentos de alta tensión política. Mientras tanto, familiares de detenidos y defensores de derechos humanos sostienen que el acompañamiento de las ONG ha sido fundamental ante la falta de transparencia institucional.
El cruce de señalamientos deja en evidencia la profunda brecha entre el discurso oficial y las denuncias de la sociedad civil, en un país donde el tema de los presos políticos sigue siendo uno de los puntos más sensibles del debate nacional e internacional.
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