La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) celebró el martes la primera de dos audiencias sobre el recurso de apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
A finales de junio, el fiscal de la CPI, Karim Khan, fue autorizado a reanudar la investigación con el argumento de que el Estado “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos” referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
El Estado venezolano introdujo un recurso de apelación en el que argumentó que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en “errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales” del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la “productiva” labor del sistema de justicia de Venezuela.
En la inédita audiencia pública del martes, la fiscalía de la CPI, los representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV por sus siglas en inglés), abordaron cuestiones específicas derivadas de sus alegaciones.
El juez Marc Perrin de Brichambaut explicó que en la primera audiencia se buscaría resolver si la notificación de la fiscalía a Venezuela debía notificar hechos penales específicos, identificar hechos penales y acusados específicos y si se espera que se haya alcanzado el punto de identificar sospechosos o acusados particulares.
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Ben Emmerson, representante del Estado venezolano, argumentó que los aspectos referentes al principio de complementariedad en el Estatuto de Roma no han sido respetados y que las comunicaciones enviadas a Venezuela no incluyen suficiente información detallada.
“No contenían suficientes pormenores porque no incluían ni edad, ni fechas, ni ubicaciones específicas de los incidentes, el número aproximado de las víctimas, el colectivo o las personas responsables de estos incidentes, no había información que permita que Venezuela responda”.
Una de las representantes de la fiscalía de la CPI respondió que las notificaciones muestran el alcance de la investigación prevista de la fiscalía y que no se trataba de «indicaciones especulativas» de hacia dónde se dirigía la investigación.
“Se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a las que podía responder Venezuela e incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron y una serie de actos contextuales”
Además, explicó que en esa etapa de la investigación el objetivo de la notificación no era descubrir de forma exhaustiva la investigación de la fiscalía y que las disposiciones dan “flexibilidad adecuada” sobre el grado de detalle que debe darse para proteger a las víctimas y los testigos.
Expertos aclaran que en la fase de la investigación sobre la que se están exponiendo y respondiendo argumentos la fiscalía no debía detallar crímenes ni sospechosos.
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En su intervención, Paolina Massida, jefa de la OPCV argumentó que antes del inicio de la investigación es “imposible definir los parámetros precisos de un caso en términos de conductas e identificar sospechosos”.
Además, precisó que la posición de las víctimas es que “Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y de sus amigos”.
“El punto de vista de las víctimas es que los elementos contextuales son esenciales para definir la existencia de crímenes de lesa humanidad, si no integran la investigación doméstica nacional no se puede decir que los crímenes de lesa humanidad están siendo objeto de investigación”, precisó al recordar que ahondará en detalles en la audiencia del miércoles.
Otro de los argumentos del Estado para apelar la decisión fue que se habían desestimado documentos presentados en español y aseguró que la fiscalía debía haber asumido la responsabilidad de traducir los documentos a inglés o francés, idiomas oficiales de la CPI.
“No hay responsabilidad por parte de Venezuela en este caso para que la Corte ignorara la mayoría de las pruebas que se han presentado”, dijo el representante del Estado venezolano.
La fiscalía alegó que fue correcto que la Sala se basara en las traducciones enviadas en inglés a la Corte y que el material remanente -que no incluye registros en inglés y francés- no permitían a la Sala evaluar que las actuaciones penales nacionales estuvieran avanzando.
“Para los cinco casos que Venezuela quiere que se admitan como prueba dio solo resúmenes, de modo que la Sala decidió basarse sólo en los registros de investigación y judiciales traducidos al inglés en vez de esos resúmenes generales (…) la información en esos resúmenes es muy limitada, no es suficientemente específica y no es muy clara, no permite a la Corte identificar el alcance y el avance de las investigaciones nacionales”, expuso la representante de la fiscalía.
Además, resaltó que si el Estado afirma que investiga autores y hechos debe ofrecer información específica y probatoria.
Audiencia positiva
Para Alí Daniels, co director de Acceso a la Justicia y profesor de derecho internacional humanitario, la audiencia es positiva debido a que, de manera “sucinta” se exponen los argumentos ante los jueces.
“Están mucho mejor preparados para tomar una decisión más rápido, porque no es lo mismo que los jueces se tengan que leer todos los documentos que presentan las partes a que las mismas partes le expongan los argumentos. Elaborar la sentencia les va a ser mucho más fácil por lo cual podríamos tener una decisión a finales de este año o en el primer trimestre del año que viene”, dijo a la Voz de América.
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Además, Daniels resalta que no hay antecedentes de que en procesos previos se hubiera llevado a cabo una audiencia para escuchar a las partes.
“Lo más parecido a esto ocurrió con el caso de Filipinas donde la Sala lo que hizo fue convocar a una audiencia para emitir el fallo. Son potestades que tiene la Sala, es algo cónsono con el Estatuto de Roma”, detalló.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Posteriormente, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación. A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudarla.
Durante su tercera visita a Venezuela en junio, el fiscal Khan y Maduro firmaron un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, tal y como se había acordado en marzo del año pasado. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) #SNNV – #7Nov #VenprensaInforma
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