En días recientes fue noticia la discusión del proyecto de Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y Expresiones Similares, en la Asamblea Nacional 2020. Se puede leer en el artículo 4 de ese proyecto que el fascismo tiene como rasgos comunes “el conservadurismo moral y el neoliberalismo”, para sancionar esas ideas el proyecto de ley establece multas de 100 mil veces la moneda de mayor valor según el BCV, la disolución de organizaciones sociales (partidos, ONGs, sindicatos, etc) y la inhabilitación política.
Este proyecto de ley deroga muchos derechos previstos en la legislación internacional, también la constitución y las leyes de la República. Por ejemplo, si la inhabilitación política es una pena accesoria a una sentencia definitivamente firme de un tribunal, ¿por qué ahora puede ser impuesta administrativamente? Eso conduce a una discrecionalidad funcionarial incompatible con la Convención Americana, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que, conforme a nuestra constitución, tienen vigencia en el orden interno al haber sido suscritos y ratificados por la República.
Dado que el liberalismo es una corriente del pensamiento económico, podría ocurrir que quién hable de libre iniciativa privada, libre empresa, ley de oferta y demanda, propiedad privada o los perjuicios de la intervención estatal pueda ser acusado de apología al fascismo. Podría pasar también que los promotores y artistas de la música llanera serían acusables de “conservadurismo moral” toda vez que en las letras de sus canciones se enaltecen la forma de vida campesina y los valores y costumbres de la ruralidad. De hecho, dado que el señor Fiscal de la República, en reiteradas ocasiones ha expresado en los medios de comunicación su interés en defender a la familia tradicional de la influencia de la “Ideología de Género” ¿Podría ser acusado de “conservadurismo moral”?.
De hecho, puede ocurrir que si un estudiante de ciencia política hace una tesis emitiendo severas críticas a ese proyecto de ley puede que él, sus docentes y la universidad sean consideradas una célula fascista y ser objeto de sanciones. La libertad de cátedra dejará de existir. Incluso, denunciar en la prensa la opacidad administrativa y la desinversión en los servicios públicos, señalando la responsabilidad de las autoridades competentes, podría ser considerado un ataque contra la voluntad popular y la democracia, en los términos previstos en esta ley. En todo caso, a partir de ahora, si vamos a abrir la boca debe ser para felicitar al gobierno por todas las cosas buenas que hace por nosotros.
El proyecto de ley afirma que su motivación es evitar que grupos violentos eliminen los derechos sociales, anulen la expresión de la voluntad popular y destruyan la democracia, sin embargo, ¿Acaso no es violencia derogar el debido proceso? ¿Acaso se puede expresar libremente la voluntad popular sin libertad de expresión y sin acceso a la información? ¿No es el fin de la democracia la prohibición de pensamientos e ideas distintas a las de quienes gobiernan?. La ley contra el fascismo, sin duda, es la transición desde un autoritarismo competitivo a un autoritarismo no competitivo. Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica
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