El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denuncia ante el país y la comunidad internacional la escalada de represión y violencia en contra de las manifestaciones pacíficas de personas que exigen transparencia e información creíble sobre los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Desde la noche del 28 de julio el OVCS ha documentado, preliminarmente, más de 300 manifestaciones ciudadanas en todos los estados de Venezuela, principalmente en zonas populares, rechazando los resultados de las elecciones presidenciales y denunciando fraude.
Hasta el mediodía del 30 de julio se registraron más de 115 manifestaciones reprimidas en 20 estados. Las acciones de represión han sido ejercidas por civiles armados, identificados como Colectivos Paramilitares, actuando en coordinación o con aquiescencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
El OVCS ha tenido información sobre la muerte de al menos nueve (9) manifestantes por heridas de armas de fuego
Esto confirma que en Venezuela se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos, tal como lo han denunciado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI).
Desde el OVCS alertamos sobre la posibilidad de una escalada de violencia si no se toman de inmediato los correctivos en materia de control de orden público, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y garantía de derechos humanos.
El Estado está obligado a respetar el derecho a la protesta pacífica en virtud del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Exigimos:
- Responder a las exigencias ciudadanas sobre difusión de información transparente y confiable, según estándares internacionales, sobre el resultado electoral.
- Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
- Libertad plena para las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
- Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades y sanciones correspondientes por las denuncias de violaciones del derecho a la vida, tratos crueles inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos durante las manifestaciones.
- Atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (MII-ONU) en materia de libertad de asociación y reunión pacífica.
Igualmente, el artículo 68 de nuestra Constitución establece que “los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”. #PresidencialesVE2024 #SNNV – #31Jul #VenprensaInforma
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