La presidenta peruana Dina Boluarte tiene varias investigaciones en curso. Una de ellas la relaciona con la muerte violenta de decenas de manifestantes durante las protestas contra su gobierno el año pasado; otra, por enriquecimiento ilícito y por no declarar las costosas joyas y relojes que según ella le prestaron; y una más por encubrimiento y contra la administración de la justicia por la desactivación del equipo de policías que apoyaba a los fiscales anticorrupción que la investigan.
Todo esto en casi un año y medio en el poder, al que llegó de forma circunstancial.
Boluarte era vicepresidenta de Pedro Castillo, actualmente preso por tratar de disolver el Congreso e instalar un “gobierno de excepción” en diciembre de 2022, y también era su ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
De hecho, tiene otra investigación de esa época por presunto lavado de activos ante el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del Partido Perú Libre, del que era militante junto a Castillo.
Según un sondeo de IPSOS de abril, un 8 % de peruanos aprueba su gestión y un 85 % considera que está involucrada en casos de corrupción. El domingo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que la aprobación de Boluarte cayó a un 5 % en mayo, registrando el punto más bajo en toda su gestión.
Para analistas, si la presidenta Boluarte se mantiene en el cargo es porque tiene el blindaje de grupos con intereses propios, además, expresan su preocupación por el deterioro de la democracia en el país y el Estado de derecho.
“Hay un pacto que sostiene este gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo que es muy precario y en el cual el Ejecutivo tiene muy poco poder de negociación, por lo tanto está muy a merced del Congreso. La única forma de sostenerse en el poder es quedándose juntos y en eso están», dijo a la Voz de América, Carolina Trivelli, economista e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
La experta ve poco posible que se rompa ese pacto y si sucede «será por el lado más débil que es el Ejecutivo, y la presidenta que depende del Congreso”, afirmó tras considerar que esta especie de “matrimonio de conveniencia» le permite al Congreso seguir y cumplir con su agenda propia, incluyendo cambios a la Constitución sin mayor debate, y tener mayor injerencia en los procesos electorales. Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) #SNNV – #28May #VenprensaInforma
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