La Ley contra el Fascismo promovida por el gobierno de Nicolás Maduro y que está a punto de ser aprobada por el parlamento es una ley de corte “penal” que puede usarse para censurar y sancionar a la disidencia política, de acuerdo con expertos en derechos humanos.
Esta semana, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, recibió de manos de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el borrador de ley contra el fascismo y lo aprobó en primera discusión. En cuanto se apruebe en una siguiente fase, Maduro la sancionará.
La norma consta de 30 artículos y define el fascismo y el neofascismo como “métodos de violencia de acción política”, explicó Rodríguez a los parlamentarios, citando como ejemplos de ello a las protestas de calle contra el chavismo en 2014 y 2017.
La mano derecha de Maduro mencionó las expresiones “abiertamente fascistas” de algunos partidos políticos que defienden las sanciones económicas y usan eslóganes como “hasta el final”, en clara referencia al leit motiv de la ganadora de la primaria presidencial opositora, María Corina Machado, y su movimiento político Vente Venezuela.
Especialistas advierten que el proyecto de ley aprobado en una primera versión aún no ha sido publicado por el poder legislativo venezolano ni por el gobierno de Maduro.
Apenas se han conocido algunos aspectos, como una sanción de entre 8 y 12 años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos para todo aquel que “solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas” como parte del ejercicio de sus derechos políticos.
Se revocará la concesión de toda emisora de radio o canal de televisión que divulgue “mensajes prohibidos” que puedan considerarse fascistas o “de similar naturaleza”.
También, se prevén multas de hasta 100.000 dólares para “medios electrónicos o impresos” donde se divulguen ese tipo de mensajes. No podrán reunirse ni manifestar los movimientos políticos que, se considere, hagan “apología” del fascismo.
Conceptos difusos y de interpretación amplia
La abundancia de “conceptos vagos” que pueden aplicarse a discreción es una de las principales preocupaciones, como ocurre con la Ley contra el Odio, aprobada en 2017, explicó a la Voz de América el abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Lusverti.
La norma incluye una mención a las críticas, a las instituciones como parte de lo sancionable, destacó. “La crítica de decisiones reprochables es parte natural del ejercicio democrático. La ley castiga con penas muy altas” a quien se le aplique, advirtió.
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Lusverti comparó su formulación con la de otras leyes penales aprobadas por el oficialismo venezolano, como la norma contra el odio y la reciente para defender el Esequibo, con conceptos imprecisos que “criminalizan” y se usan “para reprimir a la disidencia”.
Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz son algunas de las ONG venezolanas que ya han expresado su preocupación por la ley.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal, dijo notar similitudes en las descripciones de corte penal del proyecto antifascista, “difusas y extremadamente amplias”, como las observadas en su momento en la Ley contra el Odio, con base en la cual al menos 79 personas han sido “criminalizadas” en los últimos 6 años, según sus registros.
“Puede dar pie a arbitrariedades muy graves (…) Se les está dando un golpe muy fuerte a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia”, dijo este jueves a la prensa.
Disuasión antes de las elecciones
Eduardo Trujillo, abogado experto en derechos humanos y también profesor investigador del centro para la materia de la Universidad Católica Andrés Bello, comentó que la ley habla de aspectos “ya cubiertos en la Constitución” del país, donde se consagran el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de todo tipo de discriminación.
El texto no sólo “se aleja un poco del contenido histórico real” del fascismo como movimiento totalitario en la Italia de la primera mitad del siglo XX, sino que además se convertirá en “un elemento disuasivo de la participación política y puede ser un efecto del proceso pre-electoral que tiene hoy Venezuela”, expuso Trujillo a la VOA.
Su principal inquietud sobre la declaración de inexistencia de personas jurídicas que violen los fundamentos de la nueva ley es “quién o con qué intencionalidad” determinará que un acto, expresión o comportamiento de una persona natural o jurídica tiene esa connotación.
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El abogado constitucionalista Tulio Álvarez, por su parte, consideró “risible” que el gobierno califique a sus contrapartes de “fascistas” en esa ley y en sus discursos públicos, ante sus políticas “absolutamente alejadas del ejercicio democrático”.
“Esta ley busca desviar la atención de la violación de los Acuerdos de Barbados y del tema electoral”, como ha denunciado la oposición tradicional de cara a la elección presidencial del 28 de julio, añadió Álvarez en conversación con la Voz de América.
(Con información de Adriana Núñez Rabascall y Álvaro Algarra, desde Caracas) Con Información e Imagen del aliado informativo; la Voz de América (VOA) #SNNV – #6Abr #VenprensaInforma
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