El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó este viernes la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles.
De acuerdo al TSJ, el recurso que ejerció Machado el 15 de diciembre “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos” en el acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición el año pasado.
“El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final”, reaccionó Machado en la red social X, luego de que se conoció la sentencia.
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Machado, quien con más de 2 millones de votos ganó la primaria presidencial de la oposición celebrada en octubre, presentó el 15 de diciembre ante el TSJ un reclamo junto a una demanda de amparo cautelar contra la “vía de hecho” de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que le habría impuesto la Contraloría General de la República (CGR), una acción que afirma nunca le fue notificada.
De acuerdo con el TSJ, Machado está inhabilitada, entre otros motivos, por propiciar las sanciones internacionales y la presunta trama de corrupción que habría encabezado el dirigente político Juan Guaidó durante el interinato.
Anteriormente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que los acuerdos de Barbados están “heridos de muerte” y Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición, dijo que no habría posibilidad de que Machado fuera candidata para ningún cargo.
La inhabilitación política impide a Machado formalizar su candidatura para las elecciones presidenciales previstas para este año.
Capriles, también seguirá inhabilitado
El TSJ también consideró improcedente la solicitud de Capriles que, de acuerdo con el tribunal, tampoco cumple con los requerimientos firmados y exigidos en el acuerdo “y en consecuencia” está inhabilitado por quince años para el ejercicio de funciones públicas.
Capriles, dos veces candidato presidencial, fue inhabilitado en 2017 “por irregularidades administrativas” presuntamente ocurridas mientras era gobernador del estado Miranda.
Por el contrario, el TSJ decidió habilitar para ejercer cargos públicos al ex gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez; el ex parlamentario, Richard Mardo; el político Leocenis García y el ex alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos quienes ejercieron distintos recursos contra sus inhabilitaciones.
En noviembre, Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada” podría ejercer un recurso entre el 1 y el 15 de diciembre contra la medida ante TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
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Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
A finales del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 30 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.
Recientemente, el gobierno de EEUU ha expresado preocupación por los actos de persecución política por parte del gobierno venezolano contra la disidencia, y advirtió que las acciones contra el acuerdo de Barbados «tendrán consecuencias».
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
